El Consejo Directivo de Boca Juniors quedó involucrado en el caso del juicio por abuso sexual simple y la condena a un año de prisión para Jorge Martínez, director técnico del plantel femenino de Boca. Ahora, se abrieron dos causas paralelas que tienen un avance impensado y muy complicado para el departamento del fútbol del club.
El fiscal Marcelo Martínez Burgo, tras tomar las audiencias testimoniales, decidió imputar y pedir las declaraciones indagatorias de Jorge el Patrón Bermúdez, Marcelo el Chelo Delgado y Raúl Cascini, acusándolos del delito de encubrimiento del abuso sexual que tiene pena de hasta tres años de prisión.
También está imputada y llamada a indagatoria quien era la vicepresidenta tercera del club hasta diciembre pasado, Adriana Bravo, en su calidad de titular del departamento de diversidad e igualdad de Boca. Quien debe decidir ahora la suerte de los cuatro es el magistrado Alfredo Godoy, del juzgado de instrucción número 24, en quien recayó el proceso. Pero en la fiscalía de La Boca donde se hizo toda la investigación preliminar dicen que sería extraño que no dé lugar a la medida pedida porque la prueba presentada es voluminosa.
El fiscal Martínez Burgo pidió y logró que se abran dos expedientes paralelos: uno por falso testimonio contra Bermúdez y Delgado, quienes declararon que Marcó no les había dicho nada sobre un abuso sexual previamente a conocerse la denuncia penal, y otro por encubrimiento. El primero terminó en el juzgado 59 a cargo del juez Marcelo Bruniard y con la fiscalía correccional 3 que tiene por titular al doctor Marcelo Mola, y el segundo se la quedó Martínez Burgo con el juzgado 24. En la primera, por falso testimonio, declararon ayer Cristian Riquelme, hermano de Román, y Raúl Cascini. Ambos negaron conocer el abuso previamente y dijeron que tampoco estaban informados de eso Bermúdez y Delgado.
Tras tomar 22 declaraciones testimoniales que incluyeron a jugadoras de aquel plantel de Boca y a empleados de la institución, el fiscal decidió acusar a Bermúdez, Delgado, Cascini y Bravo de haber cometido el delito de encubrimiento, que tiene pena de hasta tres años de prisión.
