En una decisión crucial para la garantía del derecho a la alimentación de amplios sectores sociales, la justicia federal ordenó hoy al Ministerio de Capital Humano asegurar la continuidad de los programas alimentarios que operan a través de comedores comunitarios en todo el país.
La medida cautelar fue dictada por el juez Walter Lara Correa en el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta acción legal también contó con el respaldo de organizaciones como la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
El fallo judicial responde a la preocupación por la falta de implementación de políticas públicas destinadas a asegurar el derecho a la alimentación, que se basan en programas como el plan Argentina contra el hambre y el programa nacional Alimentar Comunidad. Estos programas son esenciales para la entrega de alimentos en comedores y espacios comunitarios, conforme a los compromisos internacionales asumidos por Argentina, incluyendo aquellos establecidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“La implementación adecuada de estos programas es crucial, dado el incremento de la necesidad de acceso a alimentos debido a la crisis económica y social que atraviesa el país”, destacaron desde el CELS y UTEP en un comunicado conjunto.
La medida cautelar solicitada también contó con el respaldo de la defensora Pública Oficial Federal, Florencia Plazas, quien representa los intereses de todos los niños, niñas y adolescentes afectados por la falta de acceso a una alimentación adecuada.
Desde diciembre pasado, diversos comedores y merenderos comunitarios han reportado una disminución en la recepción de mercadería, a pesar del aumento en la demanda de alimentos por parte de familias vulnerables. Esta situación motivó la presentación del amparo colectivo en febrero, con el objetivo de asegurar de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que dependen de estos espacios comunitarios.
La orden judicial busca garantizar que los programas alimentarios continúen operando de manera efectiva, asegurando que los comedores comunitarios puedan continuar brindando el apoyo necesario a las familias más necesitadas en todo el territorio argentino.
