La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA), decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, y advirtió sobre una decisión judicial que afecta el proceso legal.
A través de un comunicado, la Superintendencia expresó que “desde el comienzo del año, este organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud”.
En ese marco, “se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante”.
Asimismo, el organismo remarcó que “fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara –a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos
millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio”.
“El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado”, añade la nota.
Finalmente, el organismo sostuvo que su objetivo es “reordenar el sistema de salud a partir de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios”.
