El diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Rosúa, junto a sus pares Dionisio Scarpín y Ximena García presentaron un nuevo proyecto de reforma constitucional para Santa Fe. Pretenden adaptar la Carta Magna provincial a un instrumento que permita desarrollar un Estado moderno, dinámico, tecnológico, eficiente, y con mayor control sobre quienes ejercen funciones públicas.
“En primer lugar incorporamos los derechos que permiten adaptar la Constitución Provincial a la Reforma del año 1994 y la incorporación de los derechos provenientes de Tratados Internacionales en la Constitución Nacional”, adelantó Rosúa y agregó: “Incorporamos derechos acorde a los tiempos actuales”.
Entre las novedades, se destaca la inclusión y total alfabetización digital. Además de la vinculación entre la educación, la innovación y el mundo del trabajo.
Además, en materia económica y administrativa, se apunta a un Estado con una economía sana en los principios de Disciplina Fiscal y Sustentabilidad Tributaria. “Proponemos entre otros límites, ratios máximos de relación entre deuda, gasto y Producto Bruto. Buscamos un Estado que cumpla sus funciones de manera eficiente, y que cuya carga no pese sobre las espaldas de los contribuyentes”, describió el dirigente de la UCR.
Con el proyecto de reforma constitucional que se acaba de presentar, se incorpora el más amplio acceso a la Información Pública para los ciudadanos en todos los sectores del Estado y se propone estructurar un mecanismo de control interno y externo concomitante con la gestión pública. Además de límites claros a la vinculación parental, evitando el Nepotismo.
Entre otros puntos, Rosúa detalló que se propone el requisito de “ficha limpia”, no solo para cargos electivos sino también para los funcionarios de la Administración Pública Provincial.
“Pedimos modificar el sistema de Fueros de la Constitución Provincial, para eliminar los privilegios de la política, terminar con la impunidad y permitir una correcta actuación de la justicia”, destacó.
En materia política, el proyecto de reforma lleva la intención de ampliar el periodo de sesiones ordinarias en el ámbito legislativo (a la fecha arrancan el 1 de mayo de cada año), de modo tal que se garantice el permanente desempeño de la Legislatura.
De aprobarse el proyecto reformista, se incluirá la autonomía municipal, unificando los períodos de gobierno de las autoridades locales y provinciales, eliminando así las elecciones intermedias que atentan contra el normal desenvolvimiento de las distintas gestiones. “Nos propusimos abrir al debate cuestiones vinculadas a los requisitos de elegibilidad para determinados cargos, la duración y el límite de los mandatos, las posibilidades de reelecciones, la forma de designar y remover magistrados. Y principalmente establecemos la igualdad de género en la participación de la vida pública en todos sus ámbitos”, concluyó el diputado.
