La fiscal Bárbara Ilera reveló que las estafas inmobiliarias en Santa Fe superan el millón de dólares. Durante la audiencia de prisión preventiva, Ilera presentó detalles sobre la investigación que involucra a siete imputados, entre ellos dos abogados y un martillero. La audiencia tuvo lugar en la sala 1 de los tribunales santafesinos.
Todos los sospechosos, que integran una presunta asociación ilícita, permanecerán detenidos debido a un acuerdo entre las defensas, la Fiscalía y las querellas. Más de 40 damnificados se ven afectados por las maniobras fraudulentas.
Ilera explicó que la banda utilizó documentos falsificados y sellos apócrifos para llevar a cabo las estafas. La fiscal también destacó la cantidad de evidencia reunida durante los allanamientos, que incluye boletos de compraventa falsificados y máquinas de escribir utilizadas para elaborar documentos.
El caso incluye hasta ahora 57 hechos delictivos, aunque las denuncias continúan llegando. Se estima que cerca de 100 personas han presentado reclamos. Parte del dinero defraudado, según la fiscal, fue girado al exterior, con Panamá como posible destino de los fondos.
La investigación revela que la banda operaba bajo el nombre de agencias inmobiliarias, como “AS” y “AS Servicios Inmobiliarios”. Sin embargo, no contaban con autorización de los legítimos propietarios de los terrenos involucrados en las transacciones.
Los imputados ofrecían lotes a través de redes sociales y mantenían contactos en diferentes domicilios que funcionaban como sedes comerciales. En estos lugares, mostraban a las víctimas planos y documentos falsificados, junto a planes de pago atractivos.
La Fiscalía imputó a Alfonso Storni como pieza clave en la organización, señalándolo como quien coordinaba las operaciones y firmaba documentos. Agustín Storni y otros involucrados gestionaban la promoción de los terrenos, utilizando escrituras fraguadas.
María Fernanda Guerra también enfrenta cargos, ya que se le acusa de haber confeccionado un boleto de compraventa con la firma falsificada de una mujer fallecida. La banda utilizaba este tipo de artimañas para iniciar juicios y obtener sentencias que facilitaran la escrituración de los terrenos.
Ilera destacó que la organización operó con este modus operandi hasta noviembre de 2021 y luego cambió su estructura, continuando con las maniobras delictivas. La audiencia concluyó con la decisión del juez Sergio Carraro de mantener la prisión preventiva para los imputados, asegurando así la continuidad del proceso judicial.
