El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, informó que junto a su par Jorge Rizzoti (UCR) van a presentar un dictamen alternativo para “poder encontrar una armonía en términos de la aplicación de las políticas de subsidios”. Sobre su iniciativa, explicó que “los fondos los tomamos del sistema integrado de transporte automotor y del tesoro nacional”, e instó a “que el fondo sea distribuido directamente a los usuarios como un beneficio de descuento a las tarifas de servicios a través de la SUBE, o cualquier otro sistema que lo reemplace en un futuro”.
En la misma línea, Rizzoti remarcó que “en este dictamen apuntamos a subsidiar la demanda, que claramente mejora la situación del transporte del interior del país”, y pidió “terminar con este famoso negocio que se hacían desde las empresas, y donde el aporte de los argentinos no le llegaba a cada uno de los beneficiarios”.
En representación de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, en primer lugar, reivindicó la tarjeta SUBE que “fue llevado adelante como política pública”. Luego, declaró: “Necesitamos dictaminar porque la finalidad del impuesto es la de sostener y promover el sistema de transporte público para que la gente utilice más ese sistema y contamine menos, utilice menos autos y se necesite menos infraestructura vial”.
Esteban Paulón, de Encuentro Federal, señaló que “me queda un sabor amargo de sentir que por estar discutiendo la parcialidad del subsidio al transporte nos perdemos la oportunidad de pensar una reforma estructural del sistema de transporte público de pasajeros”. “Para enormes sectores de la población, un boleto subsidiado por el Estado es un sustituto de ingreso, de salario, de jubilación y de un plan social, que les permite a las personas mantener su actividad y seguir moviéndose y no tener que bajarse de la vida social”, resaltó.
Del PRO, Germana Figueroa Casas, anticipó que van a apoyar “con disidencias parciales el dictamen del oficialismo, ya que refiere acompañar a la demanda, con la cual estamos de acuerdo, pero queremos aumentar los atributos sociales”. “Esto, como no ha sido medido, no podemos acompañarlo sin tener una noción del impacto fiscal porque estamos dando prevalencia al cuidado del gasto público y el gasto fiscal”, especificó.
Coincidiendo con Figueroa Casas, Lisandro Nieri (UCR) sostuvo que “vamos a acompañar el dictamen del oficialismo, pero en disidencia parcial para poder seguir trabajando en la comisión de Presupuesto”.
Eduardo Toniolli (UxP) criticó que “el dictamen del oficialismo es una vergüenza, que lo único hace es condenar al transporte público urbano e interurbano del interior del país a la crisis total y a dejar sin movilidad a amplias regiones de nuestro interior”. “Pretendemos que se atienda la voz de los intendentes, porque expresan a millones de usuarios del interior del país que son las víctimas de esta decisión”, expresó y, en la misma línea, agregó: “Los costos de la operación del transporte público son altísimos y requiere del acompañamiento estatal”.
Desde el mismo bloque, Diego Giuliano, ratificó que “intentamos resolver una crisis que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros, no solo en el interior, sino sin dejar al AMBA ni a la Ciudad de Buenos Aires sin cobertura”. Al reafirmar que “la estabilidad del proyecto tiene complejidad”, el legislador manifestó que “nuestro dictamen está basado en el proyecto de los intendentes sumado a una cuestión vinculada al reparto a través de la SUBE, para que también esté la demanda presenta, algo que se pide desde todos los sectores políticos”.
Antes de finalizar la reunión, la titular Verasay informó que brinda “un plazo de 24 horas para la presentación de dictámenes y completar las firmas para luego pasarlo a la comisión de Presupuesto, así cerrar el tratamiento desde la comisión de Transportes”.
