La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En la cual, solicita que se investigue si hubo maniobras para la posible comisión de delitos de falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja para obtener réditos económicos.
En la nota elevada al MPA, se hace referencia a la tramitación de solicitudes del beneficio previsto en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que prevé que se otorgue “hasta un 10 % de anticipo (del seguro) a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación, cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal según correspondientes actuaciones médicas”.
Al respecto, desde la Caja se detectó una serie de trámites para reclamar este beneficio por parte de afiliados que presentan como característica común ser todos oriundos de la ciudad de Reconquista, y que todos son patrocinados por el mismo abogado y/o licenciada en Trabajo Social.
Asimismo, la denuncia detalla que “en todas estas solicitudes se observan situaciones anómalas en torno a los certificados médicos aportados por los afiliados para solicitar los beneficios, (…) y que fueran advertidas por la asesora médica de este organismo”.
No obstante, la denuncia deja en claro que “no nos encontramos en condiciones de aseverar que todos los certificados médicos presentados en cada trámite sean falsos, ni que hubiera un obrar doloso de parte de cada beneficiario” ante el MPA.
Por todo esto, desde la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado piden al MPA que dé inicio “a las medidas investigativas que correspondan”, y a su vez manifiesta su intención de “ser parte querellante para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Más control del Estado
Vale consignar que la situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado. Además, se han podido detectar, entre varios casos, el funcionamiento anómalo de comedores infantiles, horas extras que no se pagaban pero no se cumplían en EPE o en ASSA, licencias irregulares para cuidado de familiares de docentes, entre otros.
