La norma votada en julio 2024 por la legislatura perseguía el propósito de facilitar los trámites y que el Estado tenga mayor información para la tarea de inteligencia criminal, pudiendo acceder por ejemplo a la ruta del dinero de sociedades o asociaciones civiles que usan las organizaciones criminales para lavar dinero.
Ahora, mediante el decreto 312 el gobierno provincial se posterga la unificación por 180 días más, argumentando en sus consideraciones que “tras la evaluación de los avances realizados en la implementación de la mencionada Ley, se ha identificado la necesidad de extender dicho plazo debido a la magnitud de la tarea, la necesidad de perfeccionar algunos de los sistemas tecnológicos involucrados, y la adaptación de los recursos humanos en los distintos organismos involucrados”.
A partir de esta unificación ahora postergada, queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo el trabajo de registro y fiscalización sobre las personas jurídicas que se constituyan en la Provincia.
“Para nosotros fue una gran noticia, que después del debate se pudo alcanzar la unanimidad en la Cámara de Diputados” había dicho el ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, al momento de la sanción.
“Entendemos que el proyecto produce un cambio importantísimo, relevante en la vida desde la constitución hasta la liquidación en el caso de las sociedades comerciales donde hoy todas las acciones tendientes se llevan a cabo en el Registro Público de Comercio”, manifestó oportunamente Bastía.
También señaló que la ley da respuesta a un reclamo de los sectores de empresarios, profesionales y académicos debido a las demoras, costos, burocracia y excesivos formalismos existentes para la creación de sociedades o instalación de sociedades foráneas. Así, se eliminan barreras que obstaculizan el crecimiento de la productividad, sumado a una transformación digital que de rapidez, agilidad y menores costos.
