La “Ley de Enemigos Extranjeros”, una norma creada en 1798, ha vuelto a ser mencionada por el presidente Donald Trump, quien podría reactivarla en un intento por frenar la inmigración ilegal en Estados Unidos. Esta ley, que tiene 227 años de antigüedad, le concede al presidente de turno la autoridad para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de naciones con las que EE.UU. se encuentre en guerra, lo que podría resultar en la deportación de inmigrantes de países con los que el país norteamericano tiene conflictos vigentes.
Aunque Trump no ha mencionado la ley de manera formal, sus declaraciones en entrevistas y discursos han generado especulaciones sobre su reactivación. La norma ha sido utilizada en situaciones históricas de guerra, como durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, donde incluso se establecieron campos de internamiento para extranjeros japoneses, alemanes e italianos considerados peligrosos por las autoridades de la época.
Si Trump decide activar esta ley, se eliminarían los procesos legales y las apelaciones a las que podrían recurrir los inmigrantes, lo que permitiría deportaciones más rápidas y en gran número. Según el Instituto de Política Migratoria, aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en EE.UU., de los cuales más de la mitad provienen de México y el 15% de Centroamérica.
Sin embargo, la reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros enfrenta varios obstáculos. En primer lugar, Estados Unidos no está en guerra abierta con ningún país, lo que hace difícil invocar la norma. Además, la ley requiere que la “invasión o incursión depredadora” sea llevada a cabo por una “nación o gobierno extranjero”, lo cual sería difícil de demostrar en el contexto actual de inmigración.
Otro factor a considerar es que vivir en Estados Unidos sin la documentación pertinente no es un delito penal, sino una violación de la ley civil administrativa, lo que complica aún más la aplicación de la ley. Trump, en su primer mandato, ya recurrió a una antigua normativa contra la inmigración, el Título 42, que le permitió cerrar las fronteras durante la pandemia de Covid-19 y deportar a inmigrantes que cruzaban ilegalmente.
La posibilidad de reactivar la Ley de Enemigos Extranjeros desataría un amplio debate en Estados Unidos sobre la inmigración y los derechos civiles, y podría tener repercusiones significativas para la política migratoria en los próximos años.
