En una profunda reflexión sobre la reforma constitucional que impulsa el Gobierno Provincial, el abogado Juan Andrés Pisarello, miembro del Instituto de Derecho Constitucional del CASF, aborda el proceso sin un debate abierto ni la participación de actores clave como los sindicatos y las organizaciones sociales. Según Pisarello, cualquier reforma que no contemple la consulta amplia a la sociedad y a los sectores afectados carece de legitimidad y se convierte en una imposición política, alejándose de la democracia participativa.
El abogado, autor del libro “Obligación Consultiva. Aproximaciones sobre el Diálogo en el Sector Público Municipal”, subraya que una reforma de la Constitución debe ser producto de consensos y no de mayorías circunstanciales. En este contexto, señala que el proceso que se lleva adelante en Santa Fe, promovido por el Ejecutivo y respaldado por una mayoría legislativa automática, carece de los fundamentos sólidos que justifiquen un cambio tan trascendental. “La reforma no puede ser un acto político de conveniencia, sino una construcción social que involucre a todos los actores, en especial a los sindicatos y a las organizaciones representativas de la sociedad”, destacó.
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Pisarello también cuestiona el enfoque de la reforma, que en su opinión responde más a intereses partidarios, como la reelección del gobernador Pullaro, que a una mejora real en los derechos fundamentales o en la estructura provincial. Según el abogado, la falta de debate público y la omisión de consultar a los actores directos, como sindicatos y grupos sociales, genera una crisis de legitimidad y desconfianza en el proceso. “El Gobierno actúa con una cuota de poder muy grande, sin un verdadero compromiso con la participación democrática. El único tema claro es la reelección del gobernador, lo que revela una agenda política que desoye el interés general”, agregó Pisarello.
En diálogo con EME, Pisarello enfatizó la importancia de consultar a los principales interesados antes de reformar la Constitución: “Para que un proceso sea legítimo, debe consultarse con los sectores afectados, como los sindicatos o las empresas, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales como el del trabajo. Sin esa consulta, el proceso pierde su validez”. Asimismo, destacó que la ausencia de una discusión real dentro del recinto legislativo demuestra la falta de un verdadero proceso deliberativo, y que lo que se ha visto hasta ahora es una mera formalidad impulsada por una mayoría circunstancial.
El abogado concluye su intervención señalando que aún hay tiempo para corregir el rumbo y hacer de esta reforma un verdadero pacto social. “La reforma no puede avanzar sin un debate democrático inclusivo. La Constitución debe ser un instrumento legítimo que refleje el consenso de toda la sociedad, no una imposición del poder político”, afirmó.
Con un proceso constituyente que aún está en marcha, Pisarello hace un llamado a los convencionales constituyentes para que promuevan el diálogo y la consulta con todos los actores sociales, a fin de evitar que la reforma se convierta en un retroceso para la democracia y los derechos de los trabajadores.
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