Carlos Andrés Vaudagna, exdirector regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe entre 2014 y 2020, aceptó convertirse en imputado colaborador y declarar como arrepentido en el marco de varias causas penales por corrupción institucional. Su testimonio está relacionado con su utilización del cargo para asesorar a contribuyentes a fin de que evadieran impuestos, favoreciendo a empresarios con cuentas offshore y realizando negocios personales ilícitos.
Este giro en la investigación ha generado un fuerte impacto en la política, el ámbito judicial y el sector empresarial de la provincia de Santa Fe.
Vaudagna está imputado en tres jurisdicciones de la provincia por su participación en actividades ilegales que incluyen la persecución selectiva de contribuyentes en coordinación con la Justicia, el asesoramiento para eludir la imposición fiscal, y la obtención de dinero a cambio de desestimar investigaciones. Además, se le acusa de adquirir dos mutuales a través de las cuales facturaba servicios inexistentes, con los que financió una significativa cantidad de inversiones inmobiliarias.
Entre los nombres mencionados por Vaudagna en sus declaraciones figura el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, con quien, según su testimonio, coordinó persecuciones ilegítimas contra empresarios como Claudio Iglesias, de San Cristóbal, y Jorge Oneto, agente financiero. También mencionó haber favorecido con su accionar al ex titular de Vicentin SAIC, Omar Scarel, y al empresario de medios de Santa Fe, Nahuel Caputo.
La decisión de Vaudagna de convertirse en arrepentido está siendo vista como un bombazo en el ámbito político santafesino. Las autoridades temen que el ex jefe de la AFIP tenga información sensible que pueda implicar a figuras de poder en distintos sectores. Como parte de su acuerdo con los fiscales, Vaudagna entregó su teléfono celular y las claves de acceso a sus cuentas, lo que podría proporcionar más pruebas sobre sus actividades ilegales.
El acuerdo con los fiscales se alcanzó luego de extensas negociaciones desde enero, en las que participaron fiscales de Rosario, Santa Fe y Reconquista. Vaudagna finalmente prestó una declaración extensa el martes pasado en la sede de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) en Buenos Aires, en la que aceptó los delitos cometidos, que incluyen incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos.
El acuerdo judicial permitirá a Vaudagna acceder a una reducción de la pena, con la posibilidad de una condena condicional, a pesar de que los delitos admitidos conllevan penas de hasta seis años de prisión. La declaración fue homologada por el juez federal Eduardo Rodrigues da Cruz en los Tribunales Federales de Rosario, y la causa continúa siendo investigada por los fiscales federales Juan Argibay, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, junto con los fiscales Roberto Salum y Walter Rodríguez de Reconquista y Santa Fe, respectivamente.
Este caso podría tener profundas repercusiones en el futuro de varios actores políticos y económicos de la provincia, al destaparse redes de corrupción que involucraron tanto a funcionarios como a empresarios con poder en la región.
