Este lunes, el Gobierno Nacional, en el marco del 49° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, anunció la desclasificación de los archivos de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) sobre el accionar de la Dictadura, en un intento por abrir un nuevo capítulo en la historia reciente del país y garantizar la transparencia en la memoria histórica.
A través de un mensaje grabado el pasado viernes y difundido este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que, por instrucción del presidente Javier Milei, toda la documentación vinculada con las fuerzas armadas durante el periodo de 1976 a 1983 será desclasificada y transferida al Archivo General de la Nación, el organismo encargado de la conservación de los documentos históricos. “Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras, solo accesibles para los gobiernos de turno”, remarcó Adorni.
El Gobierno también impulsó la declaración como crimen de lesa humanidad del asesinato de la familia del capitán Humberto Viola, cometido por el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) en la década de 1970. A pesar de que en 2008 la justicia argentina rechazó calificar este ataque como un crimen de lesa humanidad, el Gobierno de Milei decidió presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su revisión.
El portavoz gubernamental recordó que la administración anterior, bajo Cristina Fernández de Kirchner, había dispuesto la desclasificación de documentos en 2010, pero esta medida nunca se implementó completamente. Además, señaló que el Gobierno actual busca revertir lo que consideró una mirada ideologizada de los sucesos de la década del 70, especialmente respecto al atentado a la familia Viola.
La desclasificación también implica la creación de un proyecto de ley que establecerá la imprescriptibilidad penal y civil para los delitos de lesa humanidad relacionados con el terrorismo de Estado. Asimismo, en un movimiento que ha generado controversia, la administración de Milei criticó la gestión anterior en temas relacionados con los derechos humanos y la memoria histórica.
Por otro lado, las críticas de la oposición, en especial del kirchnerismo y sectores de izquierda, se hicieron sentir, y ya se están organizando marchas por Memoria, Verdad y Justicia, que concluirán en la emblemática Plaza de Mayo. En paralelo, un video institucional del Gobierno, con la participación del escritor Agustín Laje, ha sido ampliamente debatido, ya que cuestiona la cifra de los 30.000 desaparecidos y critica al kirchnerismo por “hacer negocios con los derechos humanos”.
En cuanto al Ministerio de Justicia, se ha avanzado en la reducción de personal en la Secretaría de Derechos Humanos, con una disminución del 60% en su planta de trabajadores desde diciembre de 2023, y el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, encargada de investigar las desapariciones de menores durante la Dictadura.
El anuncio de la desclasificación y la intervención sobre los crímenes de lesa humanidad marca una nueva etapa en la política de derechos humanos del país, en un contexto de intensas tensiones políticas.
