Este viernes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso sanciones contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acusándolos de “participación directa en actos de corrupción significativa” durante sus gestiones.
Como consecuencia de esta medida, ambos exfuncionarios tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense, una decisión que refuerza la postura de Washington contra la corrupción en la región.
El comunicado oficial, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, detalla que Fernández de Kirchner y De Vido “abusaron de sus posiciones de poder para orquestar y lucrarse personalmente de una red de esquemas de soborno vinculados a contratos de obras públicas”. Según la declaración, estas maniobras ilícitas permitieron el desvío de “cientos de millones de dólares” de las arcas del Estado argentino, afectando gravemente la economía del país y la confianza en sus instituciones. El texto también señala que las acciones de ambos exfuncionarios no solo implicaron un enriquecimiento indebido, sino que también socavaron el Estado de derecho en Argentina.
La burla del presidente Milei con la misma frase que lo llama Cristina Fernández en redes sociales: “Che, Cristina”
CHE Cristina…
Fin.https://t.co/D0uX5Pd3AD— Javier Milei (@JMilei) March 21, 2025
La sanción se enmarca en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, que autoriza al gobierno estadounidense a restringir el acceso a su territorio a individuos extranjeros involucrados en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos, junto con sus familiares directos. En este caso, la medida también podría extenderse a personas cercanas a los sancionados, aunque el comunicado no especificó nombres adicionales.
La investigación que sustenta estas acusaciones tiene raíces en procesos judiciales argentinos, como la conocida “Causa de los Cuadernos”, iniciada en 2018, donde se documentaron presuntos pagos millonarios de empresarios a funcionarios a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Cristina Fernández de Kirchner, quien ejerció como presidenta entre 2007 y 2015, y De Vido, su ministro clave en la gestión de infraestructura, han sido señalados como figuras centrales en este entramado. En Argentina, ambos enfrentan múltiples causas penales, aunque niegan las acusaciones y las atribuyen a una persecución política.
El anuncio del Departamento de Estado llega en un momento de alta tensión política en Argentina, donde el actual gobierno de Javier Gerardo Milei ha hecho de la lucha contra la corrupción un eje de su discurso. Analistas sugieren que esta sanción podría tener repercusiones diplomáticas y fortalecer la presión internacional sobre los exfuncionarios, al tiempo que envía un mensaje a otros líderes de la región sobre las consecuencias de prácticas corruptas.
Rubio enfatizó en el comunicado que “Estados Unidos está comprometido con promover la rendición de cuentas y combatir la corrupción en todo el mundo”, y calificó las sanciones como un paso para “apoyar a las víctimas de estos actos y proteger los intereses de los ciudadanos argentinos”. Por el momento, ni Fernández de Kirchner ni De Vido han emitido declaraciones públicas sobre la medida, aunque se espera que sus defensas legales respondan en los próximos días.
