El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbeta, expresó su preocupación ante este mecanismo de designación. “Hay una sola Constitución Nacional y una única interpretación posible sobre el proceso de nombramiento de jueces de la Corte”, afirmó, señalando la medida presidencial.
Según Erbeta, la decisión del Ejecutivo pone en riesgo la independencia judicial y contradice los tratados internacionales suscritos por Argentina, los cuales garantizan la autonomía del Poder Judicial. El nombramiento por decreto también podría afectar la seguridad jurídica del país.
“Si se permite este procedimiento, podríamos ver un 20% de las vacantes judiciales cubiertas de la misma manera, con jueces que podrían responder a intereses políticos y no a la ley”, agregó Erbeta. Esta situación, según el ministro, podría derivar en la nulidad de fallos dictados por una Corte integrada de manera irregular.
Se han presentado acciones judiciales para impugnar la designación y se espera que el Senado rechace los pliegos, lo que podría revertir la situación. “El Congreso tiene una obligación funcional y jurídica de frenar este avance”, subrayó Erbeta, llamando a los legisladores a defender la institucionalidad.
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