El Gobierno de la provincia de Santa Fe solicitó este martes el inicio de un juicio político contra el juez penal de Reconquista, Mauricio Martelossi, quien autorizó la liberación de Joaquín Carrizo, el principal sospechoso del asesinato del remisero Juan Carlos Martínez. La presentación fue realizada por los ministros Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), ante el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco.
La denuncia, enmarcada en el artículo 91 de la Constitución de Santa Fe y en la Ley Provincial N° 7050, sostiene que el juez incurrió en mal desempeño al otorgar la libertad a un imputado con múltiples antecedentes penales, desoyendo criterios básicos del Código Procesal Penal sobre riesgos procesales.
Carrizo, quien tiene al menos 13 causas penales previas, había sido detenido pocas horas después del homicidio gracias a un rápido accionar policial. En su domicilio se secuestró el arma utilizada en el crimen. Sin embargo, el magistrado Martelossi lo había excarcelado semanas antes, en el marco de otra causa por robo a mano armada ocurrido en agosto de 2024 en Avellaneda. Pese a que el fiscal había solicitado la prisión preventiva, el juez resolvió en marzo de 2025 concederle la libertad bajo condiciones que, según la denuncia, jamás fueron cumplidas.
“El accionar del juez, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo la credibilidad del sistema penal”, sostiene la presentación oficial. Además, se remarca que el propio fallo judicial ignoró informes que acreditaban los antecedentes, la peligrosidad y hasta problemas psicológicos del imputado.
“Es inadmisible. El juez Martelossi va a tener que dar cuenta de su deficiente accionar e irresponsable decisión”, expresó el ministro Bastia, quien también valoró el trabajo de la Policía en las reiteradas detenciones de Carrizo.
Junto a la denuncia se adjuntaron como pruebas el prontuario policial del imputado, copias del fallo que le otorgó la libertad, y el acta de la audiencia preliminar en la que se discutió la medida.
