La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley en septiembre de 2024 la reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de reducir el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos provinciales. Con un rojo proyectado de 430 mil millones de pesos para ese año, el Ejecutivo provincial consideró indispensable un cambio que permitiera evitar el colapso del sistema.
“Teníamos que salvar la Caja de Jubilaciones, y es difícil de comprender. El Tesoro sostenía un déficit mensual de 30 mil millones de pesos. Si no actuábamos, íbamos directo a que la Caja pasara a la Nación, y eso iba a significar jubilaciones mucho más bajas para los santafesinos“, justificó Pullaro, en medio de las críticas de sectores pasivos y gremiales, en diálogo exclusivo con EME.
La norma declara la emergencia previsional por dos años, prorrogables por otros dos, y establece un aporte solidario obligatorio para actuales y futuros beneficiarios de la Caja, con descuentos que van del 2% al 6% sobre los haberes, según el monto percibido. Los que cobren menos de dos jubilaciones mínimas quedan exentos.
También se fijó un tope máximo de 20 jubilaciones mínimas para los haberes previsionales, modificando el actual límite de 32, y se incrementaron de manera escalonada los aportes de los trabajadores en actividad, que pasarán del 14% actual a una franja del 15,5% al 21%, dependiendo del ingreso.
“Había que dar un debate frontal sobre cómo afrontar el déficit. Los activos aportaban mucho menos de lo que salía sostener a los pasivos. Era abismal. Por eso decidimos ajustar un poco el sistema. Era el mal menor”, dijo el mandatario.
La ley también afecta al régimen policial y al régimen docente, con nuevos porcentajes de aportes y condiciones diferenciadas para acceder a la jubilación, aunque se mantienen las edades actuales: 60 años para las mujeres y 65 para los varones.
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Las reacciones no se hicieron esperar. Jubilados expresaron su malestar tanto por los descuentos solidarios como por la falta de pago de aumentos que reclaman desde hace 60 días. Pese a ello, el Ejecutivo insiste en que la medida era necesaria: “La oposición miraba y no traía soluciones. Tarde o temprano, alguien iba a venir y transferir la Caja al ANSES. Nosotros preferimos actuar antes”, concluyó Pullaro.
