La decisión de Diputados apunta a suplir efectos de la quita del Fondo Soja y a fortalecer el fondo para el transporte. Pasan la gestión de cobro de deudas impositivas a municipios y comunas.
Con fuertes discursos, no sin polémicas, y en votación dividida, la Cámara de Diputados votó una reforma tributaria que apunta a subir el gravamen por Ingresos Brutos a grandes firmas cerealeras así como un incremento del 300% en el Impuesto Inmobiliario para locales de entidades financieras. El objetivo es -por el primer caso- recuperar parte de los recursos del gobierno y de los municipios y comunas tras la derogación del Fondo Federal Solidario (Fondo Soja) y, en el segundo, para fortalecer el Fondo del Transporte de la provincia ante la caída de los subsidios que envía el gobierno nacional. La iniciativa lleva las firmas del socialista Rubén Galassi y del justicialista Luis Rubeo. Cambiemos optó por votar en contra insistiendo en que no se cortará el subsidio al transporte y un sector de la bancada radical se abstuvo por entender que está próxima la discusión del Presupuesto 2019 de la provincia y los temas deberían estar incluidos en la futura ley de leyes.
En cambio, por unanimidad -aunque con salvedades en particular- la Cámara dio media sanción al mensaje del Poder Ejecutivo que pone en manos de municipios y comunas la gestión del cobro de deudas por Impuesto Inmobiliario al 31 de diciembre de 2017, elevándole la coparticipación del 50 al 60%. “Son unos 360 millones de pesos que irían a los gobiernos locales” estimó la socialista Clara García.
En los dos casos, los defensores de los proyectos advirtieron sobre los efectos que las decisiones del gobierno nacional tendrá en el gobierno provincial como en los locales por lo que se hace necesario buscar paliativos para enfrentar los próximos meses. Ambos proyectos ahora deberán ser refrendados por el Senado.
Los argumentos
Galassi se encargó de fundamentar y explicar la reforma tributaria debido “al alto impacto que tendrá en Santa Fe la eliminación del fondo sojero y del subsidio al transporte. Este proyecto genera recursos para compensar esos recortes” y señaló que las grandes cerealeras y el sector financiero son las grandes ganadores con los cambios de la política económica. En Ingresos Brutos, la alícuota pasará al 2,50 en el caso de comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes y al 1% para las actividades de las cerealeras. El socialista se encargó de destacar que la adhesión santafesina a la ley Pyme exime de esa suba a las empresas catalogadas en esa categoría. “Gravamos a 18 empresas, dos de capitales provinciales y las restantes extranjeras o con otra jurisdicción”, aclaró, sin nombrarlas.
La otra parte del proyecto sube del 5 al 10% la afectación de recursos de Sellos para el Fondo de Transporte y le agrega la suba del 300% del Inmobiliario a locales de entidades financieras de toda la provincia. La estimación es que el Ejecutivo tendrá un fondo de 600 millones para subsidiar al transporte interurbano (60%) y el restante para el urbano y metropolitano.
Fue Julián Galdeano (UCR) quien pidió la abstención de un sector del radicalismo por la cercanía en la discusión del presupuesto e incluso hizo notar el funcionamiento de una comisión de análisis tributario creada por ley en la última ley de Presupuesto. Enseguida, Edgardo Martino, también radical, expuso el apoyo total del bloque NEO, advirtiendo que la soberanía es de la Cámara y no de una comisión a la hora de fijar impuestos. Rubeo, en cambio, ponderó que Santa Fe tome caminos diferentes al gobierno nacional buscando una justa distribución de ingresos que impacte en el bolsillo de los santafesinos. “Está todo dolarizado menos el salario en la Argentina y debemos ayudar al trabajador y al estudiante que utiliza del transporte público. Son buenas políticas para adelantarnos a lo que ocurrirá el 1 de enero”. Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) dijo votar contento porque se está reivindicando la política. También Gabriel Real (PDP) destacó que es un proyecto para tapar los agujeros que deja el gobierno nacional.
Los ex socialistas Rubén Giustiniani y Héctor Cavallero hicieron una fuerte justificación cuestionando los acuerdos con el FMI. “Es un proyecto justo, oportuno y conveniente” afirmó el primero”. Para el ex intendente de Rosario, el proyecto amortigua y mitiga los efectos de la política nacional mientras que el justicialista Julio Eggimann, busca acortar la grieta.
Desde Cambiemos, Sergio Más Varela fracasó en el intento de devolver el proyecto a comisión para dividirlo en dos por entender “que la búsqueda de consenso le hizo perder cohesión” mientras que Federico Angelini afirmó que “no se van a quitar los subsidios” y confirmó que habrá un fondo para compensar posibles caídas. Pero el rosarino cuestionó el discursos de sus pares que consideran malas a las grandes empresas que son generadoras de empleo directo e indirecto. “Debemos dejar de pescar entre los que generan riquezas y mirar también como podemos aportar nosotros, desde la política, para aportar a los que menos tienen”.
Cerró Galassi advirtiendo que el 96% de las empresas santafesinas son Pymes no alcanzadas por la suba mientras que la actividad financiera ganó en junio de este año, un 94% más que el año pasado. “No atacamos a nadie, buscamos equidad”, acotó. El tablero marcó 33 votos a favor; 6 en contra y 6 abstenciones aunque luego Alejandra Vucasovich (Cambiemos) pidió chequear el resultado porque su voto negativo no aparecía contabilizado.
