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sábado, noviembre 16, 2024

¿Se puede fumigar un campo al lado de una escuela rural y no afectar a sus alumnos?

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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó esta semana el fallo que prohibió las fumigaciones con agroquímicos en los alrededores de las escuelas rurales, que reinstaló un debate que divide al sector agrícola -que cuenta con el apoyo del poder político- y a los ambientalistas.

De un lado, sostienen que basta con el cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que son una serie de recomendaciones técnicas al aplicador para minimizar la salida de los agroquímicos de las parcelas. Del otro, alegan que nadie puede controlar las condiciones climáticas en un campo después de las pulverizaciones (por ejemplo, un cambio en la dirección del viento), por lo que el cumplimiento de las BPA no garantiza nada. En el medio hay miles de escuelas rurales afectadas. Infobae consultó a dos expertos a ambos lados de esta grieta.

El fallo fue el resultado de una acción de amparo impulsada por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ante la falta de regulación de la fumigación con agroquímicos en torno a las escuelas rurales. La sentencia prohibió las pulverizaciones terrestres en un radio de mil metros alrededor de las escuelas rurales y las aéreas a menos de 3 mil metros.

En el sector agroexportador creen que la convivencia de vecinos y alumnos rurales con fumigaciones es posible. La clave está en el cumplimiento de las Buenos Prácticas Agrícolas (BPA). “Es un documento con recomendaciones al aplicador fruto de un trabajo conjunto con todas las miradas: ambiental, productiva, de salud, de ciencia y técnica, y de producción. Nosotros consideramos que es un proceso de mejora continua que se debe apoyar en la tecnología y en la ciencia”, explicó a Infobae el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria, Santiago del Solar.

Santiago del Solar
Santiago del Solar

El desacuerdo con el otro sector es de base. “Las BPA fueron creadas con unas premisas que desde lo técnico son bastante falaces. Dicen, por ejemplo, que un agroquímico no puede llegar a más de 11 metros, porque ellos hacen las pruebas con agua, una cosa demasiado desopilante para comparar con una molécula, que ni siquiera se ve en un microscopio”, sostuvo a Infobae el ingeniero agrónomo Marcos Tomasoni.

Del Solar rebatió esa idea. “Cuando se hacen las presentaciones ante mucha gente, para evitar la sensibilidad y problemas, se usan gotas de agua, pero se pueden hacer con agroquímicos, que es lo mismo. Además, no se aplica una molécula, sino una gota, que tiene surfactantes, antideriva, que tiene un montón de productos que hacen que la gota caiga en el lugar en el que se tira. El agua por ahí se volatiliza más, pero eso no es un argumento”, observó el funcionario.

Aunque evitó dar una opinión de fallo para respetar la división de poderes, De Solar subrayó que en el gobierno no están de acuerdo con prohibiciones como las que dispuso el tribunal. “Hay zonas sensibles, como alrededor de una laguna, en zonas pobladas, un arroyo, un bosque, en fin, donde las provincias consideren pertinente, en las que decimos que no tiene que haber una zona de exclusión, pero sí una zona buffer o zona de amortiguamiento. Esto está plasmado en el documento [de las BPA]: es una zona que tiene que tener controles más rigurosos que en el resto de las aplicaciones”, evaluó.

Esa idea es rechazada por Tomasoni, que es el creador de la “Teoría de las tres derivas”, un modelo para explicar los tres momentos en los que se puede producir una deriva, es decir, la salida del agroquímico de la parcela. Sus argumentos fueron citados por los impulsores del recurso de amparo en Entre Ríos. . “Yo sugiero una zona de exclusión de 5 mil metros, además de una barrera forestal, porque hay un estudio de Syngenta que sugiere que la gotita más chica de un agroquímico puede llegar con un viento normal a hasta 4.800 metros“.

Del Solar tiene absoluta confianza en las Buenas Prácticas Agrícolas y cree que la tecnología es suficiente. “Hoy, por ejemplo, un aplicador puede instalar un dispositivo que se conecta a la central meteorológica del municipio y con eso se puede saber a qué hora empezó a pulverizar, qué humedad había, la velocidad del viento, la temperatura, y cuándo terminó. Otra posibilidad es revisar las máquinas de los aplicadores cada determinado plazo”, graficó, aunque aclaró que son sólo ejemplos y que la potestad es siempre de las provincias.

Marcos Tomasoni (Uno Entre Ríos)
Marcos Tomasoni (Uno Entre Ríos)

Para Tomasoni, no basta ni siquiera con el cumplimiento estricto de las BPA. Su modelo plantea que hay tres momentos (derivas) en los que un agroquímico puede contaminar los alrededores de la parcela. “La deriva primaria es la que se produce cuando está trabajando la máquina. Para combatirla existen las BPA. Pero el problema viene cuando la máquina se va del campo. En las 24 horas siguientes se genera lo que llamé ‘deriva secundaria’, que básicamente es el movimiento de los agroquímicos por factores climáticos”, indicó. Lo explicó con un ejemplo: “Si la máquina cumplió con las BPA, pero a la hora cambia la dirección o la velocidad del viento, que es algo normal (sobre todo cuando el 80% de las aplicaciones son en temporada estival), aumentó la temperatura o disminuyó la humedad relativa, hasta el 90% del producto asperjado puede pasar a una fase gaseosa y derivar sin la más mínima posibilidad de que sea controlado”.

En otras palabras, el principal problema técnico que plantea Tomasoni es que se trata de una fenomenología sobre la que no se puede incidir, porque -sencillamente- nadie puede controlar el clima.

El ingeniero Del Solar no está de acuerdo. Ante la consulta de Infobae sobre, por ejemplo, un cambio en la dirección del viento, contestó: “Los productos tienen humectantes y adherentes para que se queden en la hoja. Todo eso está medido. Hay algunos productos que sí pueden tener problemas de deriva con diferencias de temperatura, que son los 2,4D, pero es en algunas formulaciones y en otras no. Y las provincias regulan eso en base a fechas porque va muy atado a la temperatura. Entonces, dicen que partir de determinada fecha no se puede aplicar 2,4D, pero sí salamina, sí salvacolina, con las que no pasa lo mismo. Con el glifosato tampoco pasa. No sé a dónde apunta [Tomasoni], pero en definitiva la pulverización bien hecha queda en el lote”.

Tomasoni, muy lejos de esa posición y basado en algunos estudios, cree que algunos factores, como una reversión térmica, pueden aumentar hasta 9 veces una deriva. Lo puso en un ejemplo: “Alguien pulveriza al mediodía de un día cálido, a la tarde el sol genera mucha volatilización de la sustancia y pasa a fase gaseosa, y a la nochecita, por efecto de la reversión térmica, en esa neblina se generan pequeñas gotitas de humedad ambiente que quedan flotando, y eso, con una pequeña brisa, puede moverse a distancias que no se podrían cuantificar. Hay casos en Córdoba donde hubo familias internadas por derivas secundarias, porque un cambio de viento hizo que a la noche la nube tóxica se meta en sus casas“, sostuvo.

Pero para Del Solar, ese tipo de cuestiones contradicen una necesidad del productor: no desperdiciar agroquímicos y, por ende, dinero. “Las BPA son tan rigurosas y los aparatos son tan modernos, que se aplica en el lugar que lo tirás. El ingeniero agrónomo hace todo para que el producto llegue a donde tiene que llegar, porque hasta desde lo económico es necesario. Es como volcar un remedio, no sirve”, apuntó.

Sin embargo, para Tomasoni el problema no termina ni siquiera 24 horas después de que se va la máquina , ya que existe lo que definió como “deriva terciaria”, que “es la salida de los agroquímicos de una parcela hasta un año o más después de que se asperjaron, sobre todo en forma de moléculas y sus derivados, lo que técnicamente se considera un residuo” y que “es la que termina llegando más lejos, incluso a lugares inhóspitos, como se han encontrado en el tejido adiposo de animales del Ártico, en el aire del desierto del Sahara o en en el polvillo de cualquier localidad de Argentina que se haya medido”.

“Cuando una molécula se arroja al ambiente, con el paso del tiempo y por varios principios fisicoquímicos y termodinámicos se va rompiendo y genera sustancias menores a las que se las denominan residuos, que en algunos casos son más contaminantes que el principio activo, como el caso del AMPA, que es un residuo del glifosato”, advirtió Tomasoni. “Las moléculas, hasta muchos meses después que se aplican quedan moviéndose en el ambiente, se despegan del suelo, pasan al aire, vuelven a bajar con el agua de lluvia, se quedan adheridas a otra fracción de suelo, lixivian con el agua de lluvia o suben a las capas atmosféricas más altas y se mueven a distancias muy grandes y quedan adheridas al polvillo del ambiente y se mueven en dirección del viento”, cerró.

Como se ve, las posiciones son diametralmente opuestas. Prácticamente no hay a la vista nichos de consenso. Quizás el fallo abra una luz al respecto: las hectáreas en las que se prohibió el uso de agroquímicos podrán ser usadas para la producción agroecológica. Los ambientalistas creen que servirá para mostrar que ese camino es posible. Para el sector agroexportador será una prueba de la falta de rentabilidad. Lo interesante, al menos, es que el fallo abrió un debate, que es necesario, pero que hasta ahora no ha sido serio.

 

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