El plan es al menos ambicioso: este mes, el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación (e implementado tras la Ley 26.879 en varias provincias del país), buscará tomar muestras del ADN de más de 22 mil abusadores sexuales con sentencia firme en todo el país con imputaciones de diversos grados. Al menos cinco mil de ellos están encarcelados.
Las extracciones de las muestras, aseguraron fuentes ministeriales a Infobae, se harán con un hisopado en la garganta y solo podrán ser realizadas con una orden del juzgado de ejecución penal que supervisa al condenado o el tribunal que emitió el fallo.
Con respecto a los condenados libres que cumplieron su pena -los abusadores sexuales no deben responder a ningún patronato de liberados en Argentina ni reportarse a organismo alguno tras salir de prisión-, el Registro apunta a convocarlos mediante citaciones judiciales con una base propia que combina información del RENAPER, de legajos de reincidencia y del Servicio Penitenciario Federal.
Así, se podrán hacer comparaciones mediante el sistema CODIS, licenciado e instalado por el FBI en un convenio con el Ministerio de Seguridad y que fue lanzado en un nuevo laboratorio a cargo de Gendarmería en el edificio Centinela.
Cualquier acierto, cualquier comparación positiva puede llevar, posiblemente, a una nueva imputación o a esclarecer un hecho.
El Registro -que se encuentra implementado en seis provincias– ya está operativo. La Procuración General de la Nación recomendó a los fiscales de primera instancia y juicio que soliciten a magistrados que remitan al organismo muestras tomadas en escenas del crimen.
Según su director, el genetista Jorge Dotto, “el Registro es el ADN del delito y nos va a permitir colaborar con la Justicia. Ya contamos con las primeras seis extracciones y esperamos otras 40 tras órdenes libradas por la Justicia para detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, donde se hicieron capacitaciones para toma de muestras”.
El trabajo, por lo pronto, será largo. El Sistema Nacional de Estudio de Ejecución de la Pena que depende del Ministerio de Justicia apunta un crecimiento del 217% de los encarcelados por abuso desde 2006 hasta el año pasado, casi 10 mil presos hasta fines de 2017. La cifra de 22 mil condenados que se proyecta relevar incluye casos de aproximadamente los últimos diez años.
Voces en el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano hablaron de un primer paso: unas 557 notas enviadas a juzgados de la Capital Federal y de provincias como Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Jujuy para relevar a 3.031 condenados, con seis laboratorios para procesar información genética a nivel nacional.
Dotto habla de una estricta cadena de custodia de la información, de “archivos con contraseña” entregados a enlaces en juzgados. “Estos datos son sumamente sensibles”, aclara. Solo se tomarán muestras a condenados con sentencia firme: aquellos con fallos en primera instancia y los procesados por delitos sexuales no aplican en el protocolo ministerial.
Por otra parte, se proyecta que se integren registros tomados en escenas de crímenes procesados por el Cuerpo Médico Forense y la PFA entre otros organismos.
Isabel Yaconis es una histórica impulsora de la creación del Registro: su hija Lucila fue asesinada en Núñez en 2003 por un femicida y violador que dejó su rastro pero jamás fue identificado. “Hoy, el Registro tiene su ADN“, dice Isabel: “Pensá, después de 15 años, lo que es esto para mí”.
