El decreto que establece la obligatoriedad de otorgar un bono adicional a los empleados excluye explícitamente al personal estatal, sin embargo, en el Poder Ejecutivo ya se tomó la decisión de otorgarlo.
Justamente en esta semana se llevará a cabo una reunión con el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra y el titular del gremio de estatales (UPCN), Andrés Rodríguez de UPCN para avanzar en lo relativo al monto y la modalidad de pago.
Se estima que la cifra será similar a la establecida para los privados -unos 5.000 pesos- y la intención oficial es que también sea pagadero en dos cuotas.
La medida beneficiará a unos 200.000 empleados públicos tanto de la Administración Central (Ministerios y organismos centralizados y descentralizados) excluyéndose empresas del Estado, Universidades y personal de Fuerzas Armadas y Seguridad.
Al principio, se pensó que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone se opondría a otorgar este beneficio teniendo en cuenta el esfuerzo que se lleva a cabo para bajar el déficit primario.
Pero justamente el sobre cumplimiento en la baja del gasto público permitiría hacer frente al pago de un bono para los empleados estatales. Es más, se comenta que también podría haber un adicional para los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo.
Cabe recordar que en todo momento el gobierno excluyó a los trabajadores del sector público nacional argumentando que se estaba negociando en el marco de la paritaria.
El bono de $ 5.000 que deberá entregar el sector privado está previsto que se pague en dos cuotas a ser entregadas con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre y el resto con los salarios de enero pagadero en febrero.
El decreto contemplara aquellas empresas que “se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva” y estarán autorizadas a “adecuar la implementación” de los plazos y los montos del bono.
También en el caso de acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año y hayan pactado una revisión “podrán compensar el aumento” con la suma total del plus salarial salvo que las empresas y los gremios acuerdan “expresamente” su no absorción.
