La Argentina tiene una histórica falta de balance en la distribución de su población y las autoridades analizan facilitar la llegada a provincias como Neuquén, Río Negro o Chubut.
Alrededor de 666 mil personas inmigraron a nuestro país en los últimos tres años y el 83% por ciento se quedó en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un poco por inercia y otro poco por la falta de agilidad de los trámites parar la obtención de la residencia.
Un Certificado de Residencia Precaria otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones habilita a tramitar el CUIT y conseguir un empleo en blanco. Una vez que la persona migrante lo obtiene no existen limitaciones en cuanto a sus posibilidades para trabajar y moverse por el interior del país.
Sin embargo, la inercia hace que muchas personas se queden en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. “Con la proyección a 10 años, Buenos Aires va a explotar”, advirtió Horacio García, director Nacional de Migraciones, acerca de la necesidad de “direccionarlos a las provincias”.
Por de pronto los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut ya se reunieron con las autoridades de Migraciones para acordar incentivos para atraer migrantes para cubrir puestos como médicos, ingenieros, técnicos en varias especialidades y trabajadores en los corredores frutihortícolas.
En el caso de Tierra del Fuego se hicieron en Buenos Aires varias reuniones con médicos y estudiantes de carreras afines provenientes de Venezuela con la intención de explorar la posibilidad de incorporarlos a su sistema público de salud.
El factor Venezuela no es menor, ya que la crisis humanitaria desatada en ese país provocó que 130 mil ciudadanos migraran a nuestro país durante 2018, y se espera que otros 100 mil lleguen durante 2019 por el acuerdo de libre circulación del Mercosur.
Desde Migraciones propusieron la creación de un ámbito institucional entre la Nación y las provincias para coordinar acciones y diseñar estrategias para las corrientes inmigratorias, desde el Gobierno nacional podrían enviar una propuesta al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina.
“Actualmente el sistema es eterno, no tiene lógica. Necesitamos un sistema razonado, medido y equilibrado, pero ágil para un país que es receptor de inmigrantes con cifras muy importantes”, precisó García.
