La ministra de Seguridad plantea un sistema para identificar mejor los autores de delitos graves. La iniciativa se suma a la de las pistolas Taser, el régimen penal juvenil y los controles migratorios más restrictivos.
El gobierno nacional adelantó su intención de redactar un proyecto de ley para que los “delincuentes peligrosos” queden obligados a prestar muestras de ADN, a fin de que el gobierno disponga de un banco de datos que pueda ser consultado por las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.
La iniciativa surgió en la órbita del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y tiene en principio el visto bueno del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano. La agenda de seguridad está incluida entre las demandas más significativas de la sociedad argentina y hace presión sobre el escenario institucional, en particular en el año de elecciones presidenciales.
En el país, ya hay una experiencia en esta materia. La provincia de Mendoza amplió el año pasado su registro de ADN sobre condenados por violaciones, y agregó todos los que recibieron sentencias o que al menos fueron imputados en toda clase de delitos graves.
El proyecto plantea que se tomen muestras de ADN a todas las personas que hayan cometido un delito doloso, lo que incluye figuras tales como homicidio, secuestro extorsivo y robos. Los bancos de datos de ADN sólo están disponibles para el caso de violadores.
La iniciativa completa una trilogía de “temas de seguridad” en las que el gobierno nacional ha tomado la iniciativa, y que incluye el proyecto de un régimen penal juvenil con la baja de edad de imputabilidad a 15 años la edad, así como el uso de pistolas Taser -no letales- por parte de la Policía federal.
Las polémicas que van desatando los temas generan reacciones previsibles como la de Hebe de Bonafini -que pidió probar las Taser con los hijos del presidente y de Vidal o los familiares de Patricia Bullrich- y “silencios ruidosos” de opositores que tienen por delante el dilema de una demanda social creciente y de posiciones antagónicas con el oficialismo.
En esta misma escena está por ejemplo el proyecto oficial para expulsar extranjeros que hayan delinquido o entrado ilegalmente al país. Entre el reclamo de legítima legalidad y la acusación de xenofobia, el debate tiene por antecedente las posiciones -por ejemplo- de Miguel Pichetto para los controles migratorios.
Según Clarín, la ministra Bullrich explicó que el registro de ADN de delincuentes servirá para “identificar y condenar a los autores de delitos, así como para exculpar a personas erróneamente acusadas”, así como “provocar en futuros agresores una sensación de mayor control y de pérdida del sentimiento de anonimato e impunidad”.
La propuesta oficial planea una implementación gradual que permita progresivamente incorporar los datos de autores de los delitos, comenzando por los de mayor gravedad. Eso, en la medida que se disponga de capacidad operativa de laboratorios forenses.
No sólo delitos sexuales
La nueva iniciativa del gobierno aún no se conoce oficialmente pero Clarín adelanta hoy que se prevé la ampliación de las muestras de ADN a todos los casos de delitos dolosos, para que el recurso identificatorio se integre con el ya existente Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con Delitos Contra la Integridad Sexual.
Según el borrador, el objetivo es el de “contribuir al esclarecimiento de la verdad a partir del almacenamiento y sistematización de la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación”.
La Casa Rosada procuraría además suscribir convenios con todas las provincias para la instalación del sistema Codis de análisis de muestras de ADN, que permite la comparación con una única base de datos. Además, se definiría un protocolo de actuación con la Procuración General de la Nación.
La iniciativa fue creada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y cuenta con los avales de su par de Justicia, Germán Garavano, y del propio presidente, Mauricio Macri. Sólo resta que la firme el mandatario y la envíe al Congreso.
