El fiscal de Melincué Matías Merlo presentó la acusación contra 18 personas en el marco de la investigación que llevó a cabo por operaciones defraudatorias con inmuebles urbanos y rurales del sur de la provincia, realizadas por una asociación ilícita. El documento fue presentado ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Benjamín Révori, e incluye pedidos de penas de hasta 16 años de prisión. Ahora se deberá definir la fecha de la audiencia preliminar.
“Los acusados son 18, entre quienes hay abogados, escribanos y personas con conocimientos contables”, informó el fiscal.
“En todos los casos, y de acuerdo al rol que cumplían en la asociación ilícita, solicitamos penas privativas de la libertad y el pago de multas económicas que llegan a 2.340.000 pesos”, agregó.
“La investigación se inició a raíz de gran cantidad denuncias realizadas por las víctimas. Se hizo un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió crear un solo legajo”, precisó Merlo. “Podemos afirmar que tenemos acreditadas y debidamente demostradas un total de 30 maniobras defraudatorias”, aseguró el fiscal.
Merlo aclaró que “a partir de que se conoció que estaba en marcha esta investigación, se presentaron otras 10 denuncias. Por lo tanto, iniciamos una segunda etapa a partir de la información aportada por nuevas víctimas”.
El funcionario del MPA sostuvo que “la organización comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace siete años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común”.
En tal sentido, agregó que “el fin que se proponían era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el departamento General López y en el sur provincial”, agregó el funcionario del MPA.
Merlo explicó que “como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”. En tal sentido, hizo hincapié en que “el jefe u organizador era un abogado de Venado Tuerto cuyas iniciales son ADB”.
“De la investigación se desprende que para concretar las maniobras, los integrantes de la asociación ilícita –con pleno conocimiento de su accionar– confeccionaban los instrumentos jurídicos que necesitaban. De esta manera, desapoderaban a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”, explicó Merlo.
