Una mujer privada de su libertad por abortar espontáneamente falleció esposada y con custodia en un hospital luego de que los médicos no pudieran salvarla de una grave infección.
Patricia Solorza estaba presa por abortar; transitaba el cuarto año de los ocho que su condena le convalidó bajo el delito: “Homicidio agravado por el vínculo”.
Al momento de su detención, había solicitado la prisión domiciliaria porque, además de ser madre de tres niños, uno de ellos padecía retraso madurativo producto de una meningitis que contrajo durante su niñez.
Sin embargo, el Estado decidió negarle ese “beneficio excepcional” y cuatro años más tarde, la dejó morir esposada y con custodia en un hospital donde intentó ser salvada de un infección generalizada producto de una peritonitis no tratada.
Patricia tenía 40 años, era la mayor de seis hermanas; transitó años de mucho dolor fruto de la violencia ejercida por su padre. De adulta debió hacerse cargo en soledad de la crianza de sus hijos.
Se enteró de su cuarto embarazo el día en que sin siquiera elegirlo, sufrió un aborto espontáneo en su casa de Ezpeleta. Se asustó tanto que guardó el feto en una bolsa de nylon y lo tiró a la basura. Un vecino fue testigo de la secuencia y decidió denunciarla a la policía. A las pocas semanas, y bajo un procedimiento express de la Justicia, quedó detenida en la Unidad Penal 47 de José León Suárez.
Ante un sistema que la criminalizó por pretender decidir sobre su cuerpo, Patricia se vio obligada a aceptar una condena de ochos años de prisión como método negociativo a la amenaza de permanecer toda su vida encerrada.
Solorza era protagonista y referente de Yo no fui, una agrupación que acompaña a mujeres privadas de su libertad y brinda herramientas para la futura re inserción social. Durante su estadía carcelaria, participó de todas las actividades que tuvo a su alcance para combatir los ahogos que el encierro le generó: integraba el equipo de rugby de las Espartanas y también trabajaba en un taller de diseño textil.
Desde hace dos años cursaba la carrera de Trabajo Social del Centro Universitario San Martín (CUSAM), un espacio académico impulsado por la Universidad Nacional de San Martín en el interior de la unidad penitenciaria. Además de añorar su título universitario, esperaba ansiosa que llegue el día en el que logre transitar el cotidiano en su casa de Ezpeleta, con sus hijos.
Luego de pasar dos meses de dolor abdominal intenso en la Unidad Penal 47 de San Martín y sin atención médica, fue traslada al Hospital José León Suarez donde falleció este lunes esposada y con custodia luego de que los médicos se vieran imposibilitados de operarla por su estado clínico fruto del abandono y la desidia de un sistema penitenciario que la fue matando de a poco y con impunidad.
