Fue mientras trabajaba en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación. En su momento radicó una denuncia formal por mobbing.
Este jueves la Cámara de Diputados de la provincia dio sanción definitiva a un proyecto de ley que se lo conoce como Ley Micaela. La iniciativa obliga al Estado a capacitar en perspectiva de género a todos los agentes públicos de todos los poderes y organismos provinciales.
Durante la argumentación previa de las diputadas y los diputados, Cesira Arcando (Cambiemos) contó lo que le tocó vivir durante varios años de su vida y por eso en el recinto dijo: “Es una gran satisfacción no solo para las mujeres que sufrieron violencia de género e institucional, si no también en lo personal por un caso que me afectó directamente”.
Arcando relató en primera persona lo que sufrió cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La denuncia por Mobbing (acoso laboral) contra quien en ese momento revestía el carácter de su superior jerárquico la radicó en 2008, cuando todavía contaba con una relación laboral con el Estado que dependía solo de un contrato que tenía que renovar cada año. Pero la situación de acoso había comenzado mucho antes.
Quien fue denunciado –Arcando aclaró que falleció hace unos años– era Rubén Ferreyra, en ese entonces el jefe de la delegación Regional Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación. Mientras Ferreyra estaba en el cargo jerárquico más alto que el organismo nacional tenía para el centro sur provincial, Arcando se desempeñaba en el sector Jurídico de esa cartera. Luego de denunciarlo por mobbing, la actual legisladora ganó un concurso y pasó a la fiscalización de inspectores de esa cartera.
“Era un acoso laboral”, aclaró la diputada y dijo que “era perseguida por el hecho de ser mujer”. Al mismo tiempo relató que mientras sufría esa situación fue juntando toda la documentación para acompañar la denuncia judicial. Arcando recurrió a la Justicia mientras cursaba el embarazo de su primer hijo y aseguró que el maltrato al que era sometida acrecentó los problemas de salud que tuvo durante la gestación.
“En ese momento me baja la calificación de muy distinguido a bueno, incluso lo hizo mientras yo estaba de licencia por enfermedad. Ahí tomé la decisión de hacer la denuncia correspondiente y a partir de eso se suscitaron una serie de denuncias por parte de mis compañeras de trabajo que sufrían, en alguna medida, otro tipo de acoso también”, afirmó la legisladora.
Luego argumentó: “Creo que es fundamental la capacitación acerca de la violencia de género en el sector público. Porque cuando el Estado no se hace eco de esas situaciones suceden ese tipo de cosas. Tenés el recurso pero es un papel que presentás ante una oficina de mesa de entradas. Pero eso también va a depender de decisiones políticas mientras la persona ve vapuleados sus derechos”.
“A veces hay una complicidad no voluntaria de los compañeros. En la administración pública existen muchos Artículos Nº9, que son contratos que tienen una fecha de culminación, con lo cual mis compañeros veían correr riesgo la posibilidad de renovación de sus contratos. De hecho, este señor llegó a reducirme el contrato, antes de que yo gane el concurso, de un año a seis meses”, concluyó.
