Las manifestaciones en contra del presidente Sebastián Piñera dejaron un enorme saldo de personas aprehendidas y fueron denunciados varios episodios de violaciones a los derechos humanos.
Hasta el viernes a la noche 3.162 personas fueron detenidas en Chile durante las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera, de las cuales el 11% (343) son menores de edad; al tiempo que se denuncian violaciones a los derechos humanos y abusos.
Del total de detenidos a nivel nacional, más del 17% fueron mujeres, según un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), difundido a última hora del viernes el informe se armó con datos recopilados por los funcionarios del organismo público y autónomo en hospitales y comisarías del país.
La entidad informó que se registraron 997 heridos en distintos centros asistenciales, de los cuales 413 presentan lesiones por armas de fuego y otros 24 por perdigones de goma.
La cifra total de acciones judiciales presentadas por distintos delitos cometidos por agentes del Estado son las siguientes: 14 recursos de amparo, cinco querellas por homicidio, 15 querellas por violencia sexual y otras 46 acciones por otros delitos, informó la agencia de noticias ANSA.
En el caso de las querellas por homicidio de civiles presuntamente a manos de agentes del estado, las víctimas son Romario Veloz de La Serena, producto de un disparo en el cuello presuntamente realizado por militares; Alex Núñez de Maipú (RM), producto de golpes de cachiporra en el cráneo y tórax por parte de carabineros y Kevin Gómez de Coquimbo, muerto por disparos de un militar.
Como así también Manuel Rebolledo Navarrete de Talcahuano, arrollado por un vehículo de militares y José Miguel Uribe Antipán de Curicó, quien murió por un disparo de un militar.
Respecto a la violencia sexual denunciada, se indicó que corresponde a desnudamientos, obligación a realizar sentadillas sin ropa, además de amenazas de violación y toqueteos realizados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Al mismo tiempo, el INDH registró relatos que hablan de simulacros de ejecución, maltrato físico y verbal, además de excesiva demora de la policía en conducir a los detenidos hasta las comisarías, manteniéndolos en los furgones por largas horas y hacinados.
