La medida afectará a unos 3 mil pacientes.
Los transportistas que a diario llevan adelante los servicios de traslado para sus diferentes prestaciones, suspenderán todos los viajes en reclamo de los fondos que adeuda la provincia y cuyo argumento para la demora, es la falta de pagos de la Nación. Los afectados serán nada menos que tres mil pacientes, sin obra social, uno de los sectores más vulnerables que incluso, como reconocieron los mismos transportistas, «en muchos casos son trasladados en estos servicios para recibir su única comida diaria».
Las protestas, paros, movilizaciones, gestiones ante las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la provincia a lo largo de los últimos dos años no fueron suficientes para dar respuesta a los pacientes quienes han visto recortadas las prestaciones.
Es más, lejos han estado de todas las bondades prometidas con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, que proponía unificar criterios, y que fue lanzada en Rosario en marzo de 2018 nada menos que con la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Los pacientes del Incluir Salud, las tres mil personas que no tienen ninguna cobertura social y se atienden a través de ese programa, fueron transferidas a las provincias desde la Nación a partir de enero pasado. Si bien, a la hora de delegar el servicio a Santa Fe, el gobierno federal se comprometió a la transferencia de los fondos, nada de eso sucedió.
En el caso puntual de los transportistas, el conflicto también es de larga data.
Agrupados en la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), vienen planteando la necesidad urgente de los fondos adeudados desde hace seis meses, tanto a través de medidas de fuerza como de gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales. Pero, ante la falta de respuestas, decidieron suspender los servicios a los pacientes a partir del 1º de noviembre.
«Durante meses hemos alzado la voz e intentado poner en agenda la irreversible situación que atraviesa el sector de transportistas para personas con discapacidad», recordó Pablo Bolego, presidente de la entidad; y agregó sobre la medida que entrará en vigencia en los próximos días: «Hoy, el escenario que advertíamos se hizo realidad».
Al explicar la cadena de responsabilidades, el dirigente señaló que «la provincia no cumple con el pago de los servicios que ya se han brindado, costeado y hasta tributado, porque según informan, no se reciben los fondos que Nación transfiere para esta prestación».
La deuda acumulada es de seis meses, y no les permite sostenerse a flote.
«Ya se hicieron todos los reclamos posibles ante la Agencia Nacional de Discapacidad y al gobernador Miguel Lifschitz, pero no obtuvimos ninguna respuesta», agregó.
Consciente del impacto que genera una decisión de esta envergadura, más en pacientes sin obra social y de escasos recursos, afirmó que «duele tomar esta medida porque afecta a personas vulnerables que no tienen obra social ni prepaga, y que en algunos casos son trasladadas para su única comida, pero no se puede seguir trabajando sin cobrar».
