A través de un comunicado, esta semana la Federación de cartoneros, carreros y recicladores manifestó preocupación ante “la grave situación en que se encuentra la ciudad de Santa Fe debido la determinación de la empresa CLIBA de rescindir el contrato con el municipio”. En este sentido, exigieron a las autoridades “la inmediata implementación de un plan integral de recolección, separación y reciclado con inclusión en mano de las y los cartoneros”.
Este plan, según explicaron, tiene como objetivo el “reconocimiento salarial de la función socio-ambiental que cumplen los recuperadores urbanos, cartoneros, carreros, garantizando un salario mínimo vital y móvil como piso y acceso al sistema de seguridad social. Asimismo piden la creación de “Eco Puntos para separación y el tratamiento del residuo sólido urbano, en manos de las y los recicladores y recuperadores urbanos de la ciudad” y “proveer de las herramientas necesarias para la recolección y la separación y la recuperación del material reciclable”.
Además buscan la “implementación de la promoción ambiental por zonas para la difusión y el control de la separación de RSU en origen y proveer de contenedores para la disposición por zonas de estos residuos”. Y, la “implementación de un sistema de servicio de limpieza y mantenimiento de los barrios populares a cargo de las y los vecinos en aquellos lugares donde la recolección no llega”.
Cabe destacar que además expresaron: “Desde hace varias décadas, miles de trabajadoras y trabajadores de la economía popular: recuperadores urbanos, cartoneras, carreros, realizan una tarea socio-ambiental fundamental en la ciudad de Santa Fe en condiciones no aptas. Diariamente recolectan, separan y reciclan miles de kilos de material reciclable en condiciones precarias. Al no contar con la infraestructura necesaria, las y los recicladores, separan los residuos en sus barrios y en los patios de sus casas, trayendo gravísimos problemas de salud y generando un impacto ambiental para toda la comunidad. A su vez, tampoco cuentan con un reconocimiento por su trabajo, ni una cobertura que les permita cubrir sus necesidades básicas, generando actualmente situaciones de inseguridad alimentaria y sanitaria”.
“Pero esta situación de informalidad y exclusión, convive con el sistema de recolección domiciliaria diferencial vigente que ha sido “premiado internacionalmente”. Entendemos que dicho sistema es una enorme estafa para el conjunto de las y los ciudadanos, ya que tan solo el 10% de lo que se recolecta pasa por la planta de separación de residuos sólidos urbano, y apenas el 1% de lo recolectado se separa para el reciclado, el resto se entierra. Lo paradójico de este servicio, es que demanda la derogación de un 10% del presupuesto municipal, es decir, $900 millones al año que no se ejecutan de manera eficiente ni desde un perspectiva inclusiva”, agregaron en el comunicado.
Por último, indicaron: “Desde la FACCyR hemos presentado desde comienzo de 2018 al gobierno municipal, un plan integral de reciclado con inclusión municipal, y desde el ejecutivo se comprometieron a su implementación en etapas, con la promesa de que se produciría un incremento considerable en la recuperación del residuo sólido urbano, y que a su vez, se generarían mejoras en las condiciones laborales de las y los trabajadores recuperado, situación que no ha sido tal”.
