En el país hay 63.094 personas privadas de su libertad dentro del Sistema Penitenciario Federal y Bonaerense, que representan el 69% del país.
La inseguridad sigue creciendo en los últimos años y es uno de los principales problemas de los argentinos, el aumento en la cantidad de presos es otro número más que marcan la compleja situación de la Argentina en el aspecto de la delincuencia. Es que la población carcelaria en el país subió un 55% en seis años, entre 2013 y 2019, y llegó a 63.094 personas privadas de su libertad.
Esta cifra hace referencia a los presos dentro del Sistema Penitenciario Federal y Bonaerense, servicios que representan el 69% del total del país.Estos números se desprenden de un informe de la encuesta realizada este año sobre “Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales,una lectura en perspectiva temporal 2013/2019”, presentado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), por medio del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV).
Este aumento en el número de presos generó que a principio de año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tuvo que declarar la “emergencia en materia penitenciaria” por los próximos tres años, al tiempo que creó una comisión especial para resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” e implementar “medidas alternativas” al encarcelamiento.
Otro de los puntos claves es que el porcentaje de reincidencia de los presos es del 39%. Indica, además, que el 50% de los presos tenía 30 años o menos al momento de su detención,el 42% cursó estudios hasta la primaria y el 76% estaba trabajando un mes antes de ser detenido.
En tanto, el 72% de las personas que ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales (43%) o vinculados a las drogas (19%), mientras que el resto fueron por homicidios (15%) y delitos sexuales (11%). Según el relevamiento el respeto por las garantías procesales en 2019 no tuvo mejoras significativas en comparación a 2013.
“Se observa que los tiempos procesales se aceleran en 2019 respecto a 2013. El tiempo transcurrido entre la detención y la sentencia era de 2 meses o menos en un 18% en 2013 pasando al 29% en 2019”, se indicó. Durante este año, al 49% de los detenidos en los últimos 3 años la fiscalía les propuso un juicio abreviado.
En tanto, el 41% de los recientemente detenidos han sido sentenciados bajo el proceso de flagrancia,procedimiento que permite resolver los casos donde los detenidos, sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inminente y juzgados mediante un sistema oral abreviado.
Por otro lado, se expone que las mayores diferencias en victimización dentro de la prisión se observan según edad y situación procesal. En ese sentido, el 23% de las personas de 29 años o menos manifestaron haber sido golpeados en los últimos 6 meses, frente a un 9% de 30 años o más. A su vez, al 41% de los condenados alguna vez le han robado sus pertenencias personales frente a un28% de los procesados.
