Este miércoles hubo dictamen de mayoría y este jueves se trata en el recinto el megaproyecto económico propuesto por el gobierno. La sesión se inicia cerca del mediodía y promete un largo debate. Juntos por el Cambio no dará quórum.
El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió este miércoles en un plenario de comisiones las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Solidaridad Social, que será debatido este jueves por el plenario del cuerpo.
Con más de 40 firmas propias y el apoyo en disidencia de los interbloques Federal y Unidad Federal el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría, en tanto que Juntos por el Cambio emitió uno de minoría con 34 firmas.
Con los dictámenes del plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo quedó en condiciones de ser tratado este jueves en el recinto de la Cámara, en un debate que se iniciaría pasado el mediodía.
Si bien ya se firmaron los dictámenes, la comisión continuaba anoche con la discusión del proyecto para el que se había anotado una extensa lista de oradores.
El debate previo
Durante todo el día de este miércoles, expusieron frente al plenario de comisiones los ministros y funcionarios del gobierno nacional, quienes también respondieron preguntas de los legisladores.
En su exposición, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que “la emergencia no es un recurso literario, sino una situación real”, a la que calificó de “tristísima” que se refleja en que todos “los indicadores son malos”. También aseguró que para crear un nuevo pacto social “es necesario tratar impuestos y seguridad social”, para un sistema redistributivo, y dijo que para eso hay que “fijar ingresos mínimos”.
El ministro anticipó además la convocatoria a una comisión integrada por el Poder Ejecutivo, el Congreso y sectores sociales para plantear por ley cómo se sigue a partir de los seis meses, que es el período en el que se aplicarán las nuevas medidas para el régimen jubilatorio.
El ministro de Salud, Ginés González García, declaró durante el debate que “a nadie le gusta declarar una emergencia, pero lamentablemente necesitamos que el sistema siga funcionando porque está en un riesgo crítico”, dado que el país “está bien cerca de entrar en un colapso bien generalizado”.
Al exponer en el plenario, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, declaró que las proyecciones indican que “a n de año habrá casi 60 por ciento de pobreza infantil”, y afirmó que la pobreza general va a estar cerca del 40 por ciento. Y armó que “hay un problema serio del hambre” en el país.
Arroyo aseguró además que “es evidente que Argentina está ante una emergencia social y ante el empeoramiento de la situación social” producto del desempleo y del sobreendeudamiento de las familias.
A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el proyecto de emergencia pública permitirá “ordenar, tener una macroeconomía estable” y sentar las bases “sólidas” para apuntalar el crecimiento del empleo y la producción.
El ministro de Desarrollo Productivo explicó que el gobierno requiere de herramientas para “tener una macroeconomía estable” que se convierta en puntapié para apuntalar un modelo productivo y de crecimiento.
“Este proyecto lo entendemos como un marco conceptual general para encender la economía con este criterio de solidaridad. Será un punto de partida para volver a crecer sobre bases sólidas y priorizando la producción y el trabajo nacional”, agregó.
A lo largo de su disertación, Kulfas defendió la decisión de congelar las tarifas por seis meses y hacer una revisión global para lograr “un adecuado equilibrio entre las inversiones y el gasto de los hogares y las empresas”.
“El transporte en energía aumentó un 300 por ciento y así subieron las tarifas. Así cuidaron los intereses de los usuarios quienes tenían que controlar”, dijo al justificar la intervención de los entes reguladores de gas y luz.
El proyecto
El texto diseñado por el gobierno, que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La iniciativa contempla la creación de un recargo de 30% a la compra en dólares, la suba de la alícuota del impuesto a los bienes personales y sobre los activos en el exterior, congelamientos de tarifas y facultades para negociar la deuda y contratos con las empresas concesionarias de servicios.
Por su parte, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, rechazó el proyecto ómnibus promovido por el gobierno para declarar la emergencia pública por un año y señaló que esta iniciativa “busca prácticamente desguazar el Congreso a través de una enorme delegación de facultades”. Al mismo tiempo, anunció que no dará quórum en la sesión de hoy, pero sí habilitarán la jura de los nuevos legisladores.
La votación
Será clave la postura que asumirán los dos interbloques provinciales para sancionar esta ley, ya que el Frente de Todos puede reunir 119 votos, con lo cual necesita una decena más para aprobar la iniciativa sin sobresaltos.
Los dos interbloques que serán claves en esta votación son Unidad Federal para el Desarrollo y la Equidad, que conduce José Ramón y reúne ocho legisladores, y Unidad Federal, que tiene una decena de integrantes y está conformado por Consenso Federal y cordobeses. Estos dos bloques, además de la neuquina Alma Sapag (MPN), darían quórum.
Sobre tablas
El Senado fue este miércoles convocado oficialmente a debatir este viernes, a partir de las 14, el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Económica enviado por el Poder Ejecutivo. El Decreto Parlamentario 105/19, emitido este miércoles, lleva las firmas de la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; y del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes.
El proyecto de Ley que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social fue discutido este miércoles en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja con la presencia de varios ministros del gabinete nacional.
El tema será discutido directamente en el recinto de la Cámara alta ya que el oficialismo pretende que sea ley este mismo viernes. Como se evita el trámite ordinario de pasar la cuestión por comisiones y, además, no tiene el tiempo necesario de siete días de estudio, el proyecto de Ley deberá ser habilitado sobre tablas con los votos afirmativos de los dos tercios de los senadores presentes.
