La abogada previsionalista, Silvia Arce, analizó el anuncio del gobierno nacional que sustituye la Ley de Movilidad durante 180 días por aumentos fijos mediante decretos presidenciales. Avizoró que se generarán un sinfín de demandas.
El gobierno nacional suspendió la Ley de Movilidad previsional que ajustaba los salarios en los meses de marzo y septiembre con una tabla que se regía por 70% de inflación y 30% de recomposición salarial de los activos. Ahora durante 180 días (seis meses) será por decreto.
Sobre la decisión gubernamental, la abogada especeliasta en temas previsionales, Silvia Arce, sostuvo en Estilo EME que “todo indica que serán aumentos de suma fija para los jubilados para hacer un achicamiento previsional para que los que perciban la jubilación mínima cobren más que el resto“.
Explicando de qué se trata la medida, dijo que se derogó el aumento de 11,5% para marzo, “las próximas semanas se determinará la suma fija para evaluar si hay un ajuste para los jubilados”.
El conflicto se basa en los porcentajes de aumento. Suponiendo que la suma fija propuesta por el gobierno sea de $3.000, Arce justificó que “no es lo mismo $3.000 en una jubilación de $14.000 que en una de $40.000”.
“Quienes más ganen van a estar perjudicados, hay que incentivar a la gente que aporta. Si siempre se ataca al que aporta uno no va a querer aportar más y se genera un círculo vicioso”, se quejó la abogada.
El problema de suspender los aumentos por ley rige porque “vulnera el derecho contra los jubilados que se verá traducido en juicios contra el Estado. Lo que no se pague en jubilaciones se pagará en juicios futuros”, advirtió la letrada.
Silvia Arce en Radio EME:
