Este martes debían abonar a los empleados la suma fija, pero ya avisaron que no lo harán. En Trabajo se llevan adelante negociaciones con las empresas, pero hasta el momento no arribaron a ningún acuerdo.
Las empresas de medicina paga, que aumentaron las cuotas de los planes un 62,1% en 2019 cuando la inflación general de precios fue de 53,8%, sostienen que el sector atraviesa una “crisis terminal” y le avisaron el Ministerio de Trabajo que no pueden hacer frente al “incremento solidario” de $4.000 a cuenta de paritarias dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.
Este martes las empresas deberían abonar a los empleados del sector de medicina paga la suma de $3.000 al liquidar los salarios de enero, pero ya avisaron que no lo harán.
Luego en marzo, las prepagas – al igual que todas las empresas del sector privado- debe pagar otros $1.000 con los haberes de febrero. Este aumento es remunerativo, es decir, se le descuentan los aportes. En mano, la suma de $4.000 queda en $3320. El decreto que fijó el Gobierno es “a cuenta de las paritarias” que se negocien este año, y en total beneficia a unos 6,1 millones de trabajadores registrados.
El argumento de las prepagas
Semanas atrás, las cámaras y asociaciones integrantes de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS, creada en mayo de 2019), notificaron a los ministerios de Trabajo y Salud, a la AFIP y a la Jefatura de Gabinete, que no podrán hacer frente a la suma fija, y desde entonces se llevaron adelante reuniones con los funcionarios de la cartera laboral, pero no se arribó a ningún entendimiento.
Según la nota que enviaron, “el sistema de salud que atiende al 70% de la población entró en zona de colapso”.
Y subrayaron: “En diciembre de 2019 presentamos ante distintas autoridades nacionales un extenso proyecto de Implementación de Medidas Fiscales de Protección del Sector. Lamentablemente, los problemas de fondo que explicitamos no fueron solucionados, sino que por el contrario, se agravaron, llevándonos a una crisis severa y de características terminales”.
“Sin dejar de entender –añaden en la nota- la importancia que tiene dicho aumento en la economía de nuestros trabajadores, es necesario destacar el impacto negativo que provoca la suba en las ya golpeadas economías de las empresas prestadoras de salud”.
En 2019, las cuotas de la medicina paga aumentaron más del 60%, mientras que en los 4 años de la gestión de Mauricio Macri subieron un 330%, de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).
En tanto, según un informe de la consultora CESO, “mientras entre 2012 y 2015 el promedio de aumentos anuales de cuotas de las prepagas autorizados fue de 25%, entre 2016 y 2019 fue del 43%”.
“El mayor aumento anual de los últimos 8 años fue el de 2019 que acumuló 62,1%”, remarcó la consultora. Y comparado con los salarios, los ajustes de las cuotas superaron a los sueldos por 10 puntos porcentuales en 2016; 5 puntos en 2017; 11 puntos en 2018; y 12 puntos durante 2019”.
Desde la UAS explicaron que la suba del 62% en 2019 se debió al aumento de los costos, donde tiene una inferencia fuerte (el 40% del total de gastos de las prepagas) la importación de medicación, prótesis e insumos. “Sólo en medicina, en 2019 tuvimos un incremento del 89% por la devaluación de la moneda”, señaló en diciembre Jorge Piva, vicepresidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, al diario Página 12.
En este contexto de desbandada de los precios y los dos últimos años de megadevaluaciones del peso, las prepagas le pidieron al Gobierno “crear una mesa de trabajo para determinar otras medidas tendientes a hacer viable un sistema que ya no tiene sostenibilidad alguna”.
¿Cuáles son las medidas que reclaman las empresas de medicina paga?
En el texto que presentaron a las autoridades actuales, y al que tuvo acceso minutouno.com, las prepagas enumeraron: reducción de la carga impositiva, que los aumentos salariales que se otorguen por paritarias o decretos sean no remunerativos, una moratoria específicamente dirigida al sector de la salud, y suspensión de inspecciones, multas o embargos “a fin de mitigar la presión fiscal en este contexto de Emergencia Sanitaria”.
