El coronavirus obligó a la Casa Rosada a llevar adelante una seguidilla de medidas para frenar el contagio de la enfermedad, que ya tiene 56 casos confirmados en Argentina. Las últimas de ellas que anunció el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa fueron suspender las clases por dos semanas, conceder licencia a los mayores de 65 años y cerrar las fronteras.
En otros países más castigados por el coronavirus, como China, Italia o España, se aplicaron algunas medidas más drásticas como el cese total de actividades económicas y sociales y el encerramiento compulsivo de la población en sus domicilios. Esto le dio muy buenos resultados a la nación asiática, lugar donde la tasa de contagio ya cedió, por eso lo emularon luego las europeas.
Pero existen reticencias sobre si deberían aplicarse estas medidas en lugares como la Argentina. “Paralizar la actividad productiva en un país donde una alta proporción de las familias generan sus ingresos con el trabajo informal producirá costos sociales más elevados que los de la enfermedad”, consideró Idesa en un informe.
En el informe se citan datos de la encuesta de hogares del INDEC que determinó que el 55% de los hogares tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado, de los cuales el 16% son pobres.
El 22% de las casas tiene como jefe a un asalariado no registrado de los cuales el 43% son pobres. Por otro lado, el 23% de los hogares tiene como jefe a un cuentapropista y el 35% son pobres.
“Estos datos muestran que sólo la mitad de las familias tiene como jefe de hogar a alguien que trabaja en relación de dependencia registrado. En estos casos la reclusión tiene viabilidad en la medida que el empleador continúe pagando los salarios. Para ello, como ocurre en los países desarrollados, el Estado debería contemplar subsidios, especialmente para las empresas más pequeñas”, indicó Idesa en el informe.
En el mismo análisis, se destacó que la otra mitad de los hogares que viven del trabajo en la informalidad y/o el empleo recluirse en casa implica cesar de tener ingresos. “Con el agravante de que muchos de ellos son pobres, de manera que la falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, sostuvo el organismo.
Desde Idesa remarcaron la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a que el cese de actividades y la reclusión de la población para reducir el contagio de coronavirus no es aconsejable porque “no es realista ni deseable aspirar a un riesgo cero”. En cambio, puntualizó que las medidas efectivas son informar a la población para que extreme las medidas individuales de prevención como lavado de manos y limpieza regular con desinfectantes de objetos y superficies en lugares de trabajo y acceso público.
“En salud, se debe sopesar el costo de la enfermedad con el costo del remedio. En este sentido, no hay que perder de vista que el coronavirus se manifiesta en una gripe que en el 80% de los casos se presenta como leve a moderada, en el 14% como severa y en el 6% como crítica, siendo ésta última la que puede llevar a la muerte y se da mayoritariamente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas pre-existentes. Parar la actividad económica y aislar a la población en prevención de una minoría es un remedio que tiene costos sociales mucho más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad”, manifestó Idesa.
La entidad señaló que los países desarrollados pueden resolver un confinamiento acotado temporal y espacial porque tienen espacio fiscal para subsidiar a las empresas y las familias que viven del ingreso formal. “Pero en la Argentina con un sector público quebrado y la mayoría de las familias, sobre todo las más vulnerables, viviendo de la informalidad el remedio será peor que la enfermedad. Por eso, es recomendable agudizar la creatividad para adoptar medidas preventivas alternativas que produzcan menos daño social”, concluyó.
