La Auditoría del MPA abrió una causa porque no preservó la escena, no citó a testigos y del lugar desapareció una suma millonaria.
El caso de la fiscal Ferraro empezó a ser analizado en la Auditoría del MPA a partir de que trascendieron investigaciones en la Fiscalía Federal de Santa Fe y también en la Fiscalía Regional de la capital provincia sobre el retiro de parte de familiares de Oldani de una cuantiosa cantidad de dinero de dudosa justificación de la oficina de la víctima la misma noche de su asesinato, el 11 de febrero pasado. Eso se dio en el marco de una pesquisa donde, de manera manifiesta, el fiscal federal Walter Rodríguez estableció que el comerciante “manejaba dinero que correspondería a la policía de la provincia de Santa Fe, específicamente de la Unidad Regional I y de la Policía Motorizada” y de empresarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos al margen de la legalidad vigente.
Lo que trascendió de la investigación del fiscal Rodríguez es que, a partir del acta policial de procedimiento y la declaración de quienes estuvieron en la escena del crimen, la agencia de turismo, en el momento posterior al homicidio, “no fue registrada por la autoridad competente”. El fiscal estableció que del análisis el caso surge que en la agencia de Oldani funcionaba una cueva donde aperecen delitos contra el orden financiero. Y que eso no se puede investigar de manera rigurosa en base a que Ferraro no adoptó recaudos esenciales. Según el jefe del operativo policial, la hija de la víctima, Virginia Oldani, se negó rotundamente al ingreso de testigos, lo que fue avalado por la fiscal. Del lugar fue retirado un monto abultado de dinero estimado en 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos, una suma que para el fiscal federal luce desproporcionada para el giro comercial de un operador turístico. Tanto Virginia Oldani como su esposo José Luis Hernández dijeron que retiraron el dinero existente porque la fiscal Ferraro les dio autorización.
Las actuaciones fueron remitidas a la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura para que sus miembros definan si se abocan también a una investigación. La auditora tiene que examinar el caso en el cual hasta ahora no se inhibió de intervenir. En general la Auditoría cede su potestad disciplinaria a la Legislatura cuando las conductas bajo examen son merecedoras de sanciones mayores a 60 días de suspensión que es el máximo que puede aplicar la auditora. La apertura de la investigación fue notificada también al fiscal regional santafesino Carlos Arietti y al fiscal general Jorge Baclini.
