Se trata de empresas radicadas en el parque Industrial de Sauce Viejo que se presume contaminaron el ambiente, según detalló el Fiscal Federal Walter Rodríguez.
El fiscal federal Walter Rodríguez imputó y pidió la declaración indagatoria de 26 empresarios y directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo por el supuesto delito de “contaminación ambiental peligrosa para la salud” y reclamó la “clausura preventiva” de varias de ellas. El artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos –que invocó el Ministerio Público- castiga a quienes “envenenan, adulteran o contaminan de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” y les aplica la misma pena que el artículo 200 del Código Penal, que reprime los hechos con cárcel de tres a diez años de prisión y multas de hasta 200.000 pesos.
El fiscal solicitó las indagatorias y las medidas cautelares al juez Marcelo Bailaque, quien ahora deberá decidir si ordena las “clausuras preventivas” y los interrogatorios. Bailaque subroga el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe que quedó vacante por la jubilación de su titular, Francisco Miño.
Los hechos imputados tienen origen en la actividad desarrollada por nueve empresas que operan en el Parque Industrial de Sauce Viejo, frente al Aeropuerto Metropolitano. Rodríguez inició la investigación en 2016, tras recibir una denuncia del derrame de “productos químicos provenientes del Parque Industrial de Sauce Viejo”, a las aguas del río Coronda, “sin tratamiento previo”, reveló una fuente con acceso a la causa.
Antes, vecinos del barrio Jorge Newbery, que es lindero al Parque Industrial y también está frente al Aeropuerto de Sauce Viejo, plantearon la “misma situación”, al denunciar la emanación de “fuertes olores” de la zona fabril y el “deterioro de los techos de sus viviendas” por la contaminación ambiental.
El desagüe que está bajo la lupa se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque Industrial y desemboca en el río Coronda. En las cercanías, -en el mismo ámbito del parque- opera la Central Termoeléctrica Brigadier López, con una potencia instalada de 280 megavatios, que fue construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri se la vendió a Central Puerto, propiedad de su amigo del alma, Nicolás Caputo, quien se mudó a Estados Unidos.
En la pesquisa, el fiscal Rodríguez convocó al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que tomó muestras de los efluentes del Parque Industrial, entre el 10 y 12 de diciembre de 2019. Las empresas sospechadas de contaminar fueron invitadas a participar del peritaje y ofrecer profesionales de su confianza para que controlaran la prueba.
En los estudios participaron también, la División Técnica de Protección Civil, la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, equipos científicos del Conicet y del Instituto Nacional de Limnología (INALI) y tres laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral: el Laboratorio Central, el Laboratorio de Química Analítica y Laboratorio de Microbiología, que dependen de la Facultad de Ingeniería Química.
“Los informes técnicos revelaron la existencia de elementos cuyas concentraciones fueron muy superiores a los permitidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y su decreto reglamentario 831/93”. “La contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública, del agua y del ambiente a través de los residuos peligrosos aparece reflejada en el vertimiento de líquidos dirigidos al río Coronda y reviste un caso de competencia federal ante sus consecuencias inter jurisdiccionales –art. 7 de la Ley 25675–“, informó la Fiscalía.
“Los sucesos materia de imputación exceden a un individuo aislado y afecta a toda la comunidad que está en contacto con el medio ambiente, motivo por el cual fueron relevadas las zonas aledañas al Parque Industrial de Sauce Viejo, donde viven alrededor de 250 a 600 habitantes, número que resulta variable, debido a que en dicha zona se observan viviendas de fin de semana o casa quintas”.
“También se consideró el impacto potencial provocado por la proximidad de las instalaciones de toma de agua potable en Desvío Arijón –donde nace el acueducto a Rafaela- ubicada aguas abajo del lugar donde provienen los desagües cloacales e industriales arrojados por los establecimientos instalados en el Parque Industrial de Sauce Viejo”.
Ante esta situación, el fiscal solicitó la intervención del Ministerio de Ambiente de la Nación para recomponer “los daños causados por la contaminación ambiental” y aplique su “poder de policía ambiental”.
