La administración federal anunció que pagará a la jurisdicción puntana 25.749 millones de pesos adeudados por un mal descuento de recursos. Un fallo similar había beneficiado a la provincia de Santa Fe, reclamo que se encuentra detenido esperando una resolución del máximo tribunal.
Por Mario Galoppo | El gobierno nacional anunció que emitirá varias series de bonos por $25.749 millones para pagar la deuda generada por la detracción indebida de fondos coparticipables a San Luis. Se cumple así el fallo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación en noviembre de 2015. Aquella sentencia también benefició a Santa Fe, que sin embargo aún no pudo acordar una propuesta de pago e inclusive no avanzó en un acuerdo del monto adeudado.
En 2015, la Corte ordenó también a la Nación dejar de detraer el 15% de la coparticipación a Santa Fe, que hasta ese momento se derivaba a la ANSES, y abrir una negociación para establecer un plan de devolución de los fondos descontados indebidamente desde 2006. En el caso de Santa Fe, se estima que serían entre $80 mil millones y $120 mil millones, según el criterio de actualización.
En el fallo que benefició a Santa Fe y San Luis, el máximo tribunal consideró inconstitucional el artículo 76 de la ley 26.078 de presupuesto para el año 2006, que disponía la prórroga unilateral de la detracción del 15% de la masa coparticipable. Ese descuento se había establecido en los pactos federales firmados en la década del 90.
En el caso santafesino, la administración del entonces gobernador Miguel Lifschitz resolvió suscribir en 2017 el llamado “Consenso fiscal” con la anterior gestión nacional que presidía el Ingeniero Mauricio Macri, colocando un paréntesis en el reclamo que se realizaba vía judicial desde su antecesor, Hermes Binner.
San Luis optó por otro camino al no adherirse al nuevo entendimiento fiscal y proseguir por la vía judicial hasta que la Corte Suprema de Justicia determinó la deuda y ordenó al gobierno nacional el pago de la millonaria deuda, que ahora se realizará vía emisión de bonos.
Dos años después de aquel “Consenso fiscal”, a finales de 2019 la gestión anterior del Frente Progresista decidió abandonar el camino de aquel pacto y continuar en la justicia con sus reclamos de devolución dineraria.
Llegado el momento, desde la Casa Gris realizaron una cuantificación de sus acreencias, pero ese monto fue impugnado por el deudor, esto es el gobierno nacional.
Por tal motivo, y hasta tanto el máximo tribunal de justicia no determine que monto debe percibir la provincia de Santa Fe, el litigio proseguirá en esos términos.
