Se suman dilaciones en el expediente judicial y una de las estafas más grandes de todos los tiempos podría quedar sin avanzar en las responsabilidades de distintos actores.
El fiscal Federal número dos de Santa Fe Walter Rodríguez apeló la decisión del Juez Subrogante de la causa Bolsafé Valores, Marcelo Bailaque, quien días atrás resolvió postergar las audiencias indagatorias de personas investigadas en el marco de la mega estafa que tuvo al contador Mario Rossini como cabeza visible.
Se trata de personas que poseían diferentes responsabilidades en la entidad que debía controlar a la empresa comandada por el financista, Mercado de Valores del Litoral.
Ellas son Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Pablo Guillermo Tabares, José Luis Renzulli, Luis Ángel Puig y Alfio Martín Re que debían presentarse los días 2 y 3 de junio, y sus citaciones fueron postergadas para los días 6 y 9 de octubre.
En tanto, los días 9 y 10 de junio habían sido citados María Soledad Platino, Alex Castelví, José María Candioti, Alfredo César Calabrese, Juan Luis Catuogno y Walter Fabian Bernacchi, y se reprogramaron sus declaraciones para los días 13 y 14 de octubre.
Las nuevas demoras fueron explicadas por el Juez Bailaque en la necesidad de cumplir con lo estipulado por los decretos nacional y provincial respecto a las medidas de distanciamiento y restricciones para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Esa decisión fue ahora cuestionada y apelada por el Fiscal Rodríguez quien menciona que se encuentra “viciada de nulidad como consecuencia de la violación del debido proceso legal que determina la tramitación en un plazo razonable de la investigación”.
Rodríguez recuerda en su texto de apelación, que “en estos autos (causa) se investigan numerosas defraudaciones a cuanto menos 408 víctimas que sufrieron un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto no actualizado equivalente a 251.036.455 de pesos, perpetradas a partir de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada del mercado bursátil agravada por el uso de medios de difusión masiva; sumado a que los activos apropiados por los encartados fueron luego objeto de operaciones de lavado de activos provenientes de delitos precedentes que fueron sometidos a la jurisdicción del TOF de Santa Fe”.
Agrega el representante del Ministerio Público que la decisión de postergar las audiencias indagatorias “importa una nueva postergación injustificada del proceso, ya que el juzgado interviniente cuenta con una alternativa tecnológica que no trae aparejada riesgos para la salud de los intervinientes y que ya se ha aplicado en otras causas”.
La apelación de Rodríguez deberá ser resuelta ahora por la Cámara Federal con asiento en la ciudad de Rosario.
Se trata de un tramo de la mega investigación que analiza responsabilidades de las personas mencionadas y que formaban parte de la entidad contralor de las sociedades de bolsa y financieras constituidas en la región.
Mientras tanto, los damnificados temen que las constantes dilaciones presentadas por abogados de los acusados y las propias determinaciones del magistrado, coloquen a esta causa en callejón sin salida de la prescripción, teniendo en cuenta que en 2022 se cumplirán 10 años de la investigación de una de las estafas más resonantes de todos los tiempos.
