A los dos efectivos los acusan de haber asesinado a sangre fría a un hombre que estaba desarmado en su casa. Durante el procedimiento en Jacarezinho murieron 28 personas.
La justicia de Río de Janeiro aceptó la denuncia contra dos policías de dicho estado, acusados de actuar de manera irregular durante la sangrienta represión en la favela de Jacarezinho, en el mes de mayo donde el cuerpo policial dejó 28 fallecidos.
Según medios locales los agentes Douglas de Lucena Peixoto y Anderson Silveira son los acusados en la acción policial, catalogada igual como la más letal en la historia del estado de Río de Janeiro.
El Ministerio Público de Río declara que los policías, identificados como Douglas de Lucena y Anderson Silveira, están implicados en el asesinato de Omar Pereira da Silva cuando este estaba desarmado y herido en el pie en el interior de una casa.
Según la denuncia, extrajeron el cadáver del local antes de que el peritaje realizara su trabajo y le atribuyeron la posesión de una pistola, un cargador y una granada que colocaron en el lugar de los hechos.
Este es el primer proceso judicial abierto relacionado con la operación policial que tuvo lugar el pasado 6 de mayo, donde plataformas informativas confirman que dichos agentes recibieron el apoyo de otras personas para colocar una granada en el lugar en el que fue ejecutado Pereira da Silva.
Por su parte, la jueza Elizabeth Machado atendió una solicitud del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ), y pidió que la investigación de la muerte de Omar Pereira da Silva en la Comisaría de Homicidios de esa ciudad sea compartida con los fiscales del Grupo Especial que investiga los homicidios.
Durante esta masacre en la favela de Jacarezinho que duró alrededor de nueve horas en la comunidad, asesinaron a 28 personas. La Coalición Negra por los Derechos rechazó el hecho y declaró ante lo ocurrido que “en pleno apogeo de la pandemia en el país, donde el Gobierno implementa pocas o ninguna medida de protección, el 6 de mayo de 2021 vivimos uno de los capítulos más tristes de nuestra trágica trayectoria de violencia urbana”.
“Vidas e historias exterminadas por las fuerzas del Estado, sin respeto a ningún derecho previsto en la ley. Cuerpos cuya humanidad y ciudadanía se les niega durante la vida y la muerte. Los asesinatos fueron resultantes de un operativo policial ilegal – puesto que ya existía la prohibición de realizar este tipo de acción policial durante la pandemia por parte del Supremo Tribunal Federal (STF)”, acotó el movimiento.
