Quien hasta julio pasado fue el subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Ariel Zancocchia quedó acusado formalmente como el líder de una asociación ilícita dedicada a ganar dinero el desguace de patrulleros policiales.
Luego de desarmar las unidades policiales se procedía a la venta clandestina de esas autopartes como repuestos, y desmanejos en la reparación de los vehículos de la institución. Controlaba un taller de mecánica, chapa y pintura que prestaba servicios para la Unidad Regional II.
Zancocchia y otros oficiales de Policía cayeron este año por una investigación de la Agencia de Control Policial, que hasta el mes pasado dirigía Schujman. Se relaciona este suceso con el momento en el Legislatura forzó la salida de Marcelo Sain, primero como ministro de Seguridad, y luego como director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación. Y tras ello, un inefable allanamiento a las oficinas de Schujman, sin orden judicial, impulsado por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, enemigo de Sain. Para Schujman, haber desbaratado este negocio de autopartes en la Policía abonó la represalia que derivó en el carpetazo en su contra.
La audiencia imputativa tuvo lugar este miércoles, a cargo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. También quedaron acusados y enviados a juicio Sergio Cantero (jefe de Agrupación Cuerpos); el jefe y la subjefa del Comando Radioeléctrico, Cristian Molina y Débora Savani; el jefe de Logística, Francisco Fernández, ;los oficiales asignados a contabilidad en la UR II y en la UR XVII de San Lorenzo, Martín Ronsisvalle y Daniel Vega, respectivamente; y el responsable de la “Base Tarragona”, el predio del Comando en Fisherton donde se arreglan los vehículos policiales, Germán Trujillo.
Los fiscales consideraron probado que Zancocchia y sus subalternos “se beneficiaron con la administración y disposición de vehículos, repuestos y/o autopartes de vehículos pertenecientes a las fuerzas policiales de la provincia mediante maniobras consistentes en entregar repuestos a terceros a cambio de dinero; hacer uso de autopartes a sabiendas de la irregularidad de su disposición y/o colocación en los vehículos para los que se solicitaban; obtención y utilización de repuestos nuevos para automóviles por fuera de lo dispuesto por las normas administrativas que lo autorizan y las que regulan la adquisición y disposición de esos recursos del estado. Además hicieron uso de esos repuestos y/o los comercializaron indebidamente con terceros; y lucraron indebidamente con el redireccionamiento de vehículos que debían ser reparados en talleres oficiales a empresas de terceros”.
De la pesquisa surgieron irregularidades en la administración del parque automotor policial. Quien lo había advertido antes, y se animó a denunciarlo, fue el responsable anterior de Administración y Finanzas en la UR II, que sufrió amenazas y hasta un atentado con explosivos frente a su vivienda familiar.
Los fiscales engrosaron las pruebas con escuchas telefónicas en las que surgió repetidas menciones a una misma razón social de proveedores, Genarino y Arfe SRL. Y resultó que el primer dueño de esa firma fue el propio comisario Zancocchia.
