Fuentes judiciales indican que se conocerán más nombres de personas que habrían sido objeto de “investigaciones no autorizadas por la justicia”.
Por Mario Galoppo
Con las firmas de la Ministra de Gobierno Celia Arena y del propio Gobernador Omar Perotti el gobierno plasmó su intención de ser parte en la investigación que involucra a la gestión que condujo en la cartera de seguridad, Marcelo Sain.
“Instrúyase al Fiscal de Estado de la Provincia a intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad a que refieren los considerandos del presente”, indica el único artículo que contiene el decreto 22 fechado el pasado 18 de enero.
En los argumentos, se menciona que es “objeto precisar, en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno del mencionado Ministerio y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder”.
Además, los considerandos agregan que “ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de dicha investigación”.
También se sostiene que “dicha decisión encuentra su fundamento en mérito a que en el proceso judicial mencionado, se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública”.
Concluye que resulta “menester el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma, ya que es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres e instituciones que la paz y la seguridad jurídica coadyuven a la confianza legítima de la comunidad en sus organizaciones públicas, y que se respeten los derechos y obligaciones incursos para lograr una anhelada seguridad jurídica”.
La investigación sobre el presunto accionar en torno al entonces Ministro Marcelo Sain se encuentra en pleno proceso, con la realización de distintas diligencias concretadas bajo la reserva del caso.
En ese sentido, se conoció que el 1 de febrero habrá una audiencia solicitada por los fiscales del caso para requerir el “procedimiento extendido”, donde se requiere la duplicación de todos los plazos en la causa, logrando mayor tiempo para la colección de pruebas que luego serían utilizadas en un probable imputación a los presuntos responsables.
Días pasados trascendieron nombres de funcionarios actuales, del propio Gobernador Omar Perotti, dirigentes de la oposición, empresarios, dirigentes gremiales, activistas en redes sociales, entre otros, de los cuáles y utilizando determinadas claves, habrían sido objeto de requerimientos informativos sin el consentimiento judicial.
Sin embargo, fuentes judiciales expresaron a este cronista que en días más se conocerán mas nombres que estarían en las mismas condiciones que los anteriores, esto es como posibles “investigados” por parte de la gestión que condujo Sain y de la que también habrían participado integrantes de su gabinete de gobierno.
