Este escrito es la primera declaración oficial que se conoce de uno de los pasajeros del Boeing sospechado de tener vínculos con el terrorismo; sostuvo que el allanamiento a la aeronave fue “ilegal”
Víctor Pérez Gómez, uno de los 19 tripulantes del avión varado en Ezeiza sospechado de tener vínculos con el terrorismo internacional, encabezó el contraataque venezolano. Apuntó contra un sector del gobierno argentino: denunció penalmente al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, y lo acusó de haber sido el responsable de un “allanamiento ilegal” a la aeronave el viernes pasado, cuando el Boeing 747 llevaba cuatro días en el aeropuerto de Ezeiza, pero el caso todavía no se había judicializado.
Es la primera declaración oficial que se conoce de uno de los protagonistas centrales de este caso, que son los 14 venezolanos y cinco iraníes que esperan en un hotel de Canning una definición de la justicia. Su primera defensa fue una denuncia contra un funcionario del gobierno argentino, un documento donde uno de los responsables del vuelo detalla su versión de los hechos desde que el avión entró en la Argentina. Mientras tanto, el juez federal Federico Villena revisa las computadoras y teléfonos de los 19 (que comparten los mismos abogados) y cruza bases de datos internacionales para determinar si efectivamente están relacionados con el terrorismo islámico.
Además de pasajero del avión de Emtrasur, Pérez Gómez es el gerente general de operaciones de esa compañía, que es parte del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) y está sancionada en Estados Unidos desde febrero de 2020. Como gerente general de operaciones es como se identifica Pérez Gómez en el escrito que presentó el martes pasado en el juzgado de Villena, en el que pidió ser querellante en la causa; es decir, ser reconocido por el juez como víctima.
Glinski y su gente son los únicos funcionarios argentinos a los que le apunta. También critica a Shell (dice que el avión tenía el trámite completo para cargar combustible, pero que la petrolera les informó que no lo iba a abastecer sin dar una “razón concreta”) y cuestiona con especial dureza a Uruguay por su decisión de no dejarlos aterrizar en Montevideo. “No solo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente”, dijo Pérez Gómez de los funcionarios uruguayos.
