Tras la decisión de la Corte provincial, la firma defendió la transparencia del proceso concursal. Dijo que no puede ser una empresa testigo.
A cinco días de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe interviniera en el concurso de acreedores de Vicentin, la cerealera que defaulteó por u$s 1.500 millones defendió la “transparencia” del proceso concursal, dijo que un eventual cram down es “una aventura” y defendió su propuesta de pago como la única posible. Al mismo tiempo, rechazó una eventual estatización de la empresa al asegurar que “no puede ser una empresa testigo del mercado de granos porque sólo tiene el 15% del mercado”.
A través de un comunicado, la agroexportadora se refirió a “las informaciones que han circulado”, vinculadas la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe “que implicaría la suspensión de los plazos del proceso en instancias decisivas para la salida ordenada del trámite concursal”, y a las declaraciones presidenciales relativas a la conveniencia de contar con una empresa testigo en el mercado de granos.
La empresa recordó que la suspensión de plazos llegó en vísperas de la audiencia informativa pautada para el miércoles próximo, cuando debía brindar explicaciones sobre la negociación llevada a cabo con sus acreedores. Especialmente, sobre “cómo iba a alcanzar las mayorías de ley dentro del plazo del período de exclusividad”.
El directorio de Vicentin aseguró que hasta la fecha “el proceso concursal ha discurrido, más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto, de manera transparente, con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado”.
Y enfatizó que la propuesta, “que a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores”, tiene “posibilidades concretas” de alcanzar la declaración de “existencia de acuerdo”.
Los ejecutivos de la compañía que protagonizó uno de los default más grandes y controvertidos de la historia argentina, se mostraron convencidos de que su propuesta de pago, que implica quitas de entre 20% y 30%, es “creíble, sustentable y autosuficiente”. Y, sobre todo, dicen, “la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”.
La conducción empresarial arremetió, en esta línea, contra “un hipotético cram down”, que entiende “imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta”. Este mecanismo permite a la Justicia habilitar una instancia de salvataje una vez que se cae el concurso de acreedores y como alternativa a la liquidación. Según Vicentin, los fogoneros de esa opción “no explican de dónde saldrán los u$s 300 millones de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.
Atado a esa crítica, la empresa advirtió que “no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan sólo una empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina” y “su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”.
La contraofensiva de la empresa se pone en marcha luego de semanas agitadas. Primero, el presidente del directorio fue detenido por la Justicia penal santafesina, imputado de disponer de activos de la firma pese a que había una orden judicial que lo inhibía. Finalmente, fue liberado tras pagar una fianza adicional. Luego, cuando desde la empresa se aseguraba que estaba por reunir las mayorías de acreedores y capital necesarias, la Corte de la provincia intervino, suspendió las actuaciones y apartó al juez Fabián Lorenzini.
El rol del Estado
El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que a partir del pedido de quiebra de la empresa “se abre una nueva oportunidad” para que el Estado participe en la empresa a través del Banco Nación.
Mientras tanto, para el diputado provincial Carlos del Frade, la estatización “no es una oportunidad, sino una necesidad”, y explicó que de “u$s 90.000 millones que va a tener la Argentina de exportaciones este año, se calcula que solo le van a quedar u$s 10.000 millones al país”.
Fuente: La Capital
