La jueza consideró que existen “riesgos procesales” en caso de que recupere la libertad. Evalúan concederle prisión domiciliaria para el cuidado de sus dos pequeños hijos. Está acusada por encubrimiento.
La jueza de instrucción Paula Verónica González rechazó la excarcelación de la última policía de la Ciudad detenida por el presunto encubrimiento del homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González, ocurrido en noviembre del año pasado en el barrio porteño de Barracas.
La policía Teresa María Luján Scorza, a través de su abogado, Hernán Pablo Vega, había pedido su excarcelación por considerar que, pese a las acusaciones en su contra, no existían riesgos procesales que justificaran mantenerla encerrada.
Pero la jueza entendió, por el contrario que “media una posibilidad cierta que en caso de recuperar la libertad Scorza pueda ocultar, alterar, modificar y/o destruir pruebas fundamentales o influir en testigos”.
En ese sentido, la jueza destacó “la relación de poder, recursos y condiciones que cuenta como imputada integrante de una fuerza de seguridad” y tuvo en cuenta “por sobre todas las cosas, la tranquilidad de las víctimas y su grupo familiar”.
La jueza admitió la posibilidad de “un riesgo de presión sobre los damnificados, sus familiares y los testigos, incluso más si se sucedieran reiterados actos de intimidación y de violencia contra una de las familias afectadas, dos de los cuales ocurrieran hace muy poco”.
Así, aludió a dos episodios que sufrió la familia de uno de los sobrevivientes, sobre una camioneta laboral y un vehículo particular, violentados por parte de desconocidos durante el último fin de semana largo.
Las familias de otros sobrevivientes también vivieron episodios de presunta intimidación.
La policía Scorza fue reconocida por una de las víctimas como la policía que le dijo: “Dónde tenés la droga, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal”.
El fiscal Leonel Gómez Barbella le imputó los delitos de “encubrimiento agravado por la condición de funcionaria pública y ser el ilícito precedente especialmente grave y privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de una funcionaria pública que actuara con abuso de sus funciones y por haber cometido tortura”.
La jueza valoró negativamente que Scorza “reconoció haber recabado los datos de un testigo que nunca aportó a la investigación a pesar de transcurrir unos ocho meses desde el suceso”.
“No se entiende demasiado la actividad pasiva de la imputada, por decirlo de algún modo, si aseguró contar con información personal de un testigo que bien podría haber sido clave en la encuesta y decidió dejarlos en una ‘tabilla’, y al día de hoy no sabe si los perdió”, explicó el fallo.
La jueza González aceptó, no obstante, evaluar la posibilidad de concederle la prisión domiciliaria a la policía de la Ciudad, en atención a que es madre de dos niños, uno de ocho años y otra próxima a cumplir dos.
Fuente: NA
