El Gobierno Provincial definió los aportes para la infraestructura escolar, mediante una distribución mensual de una suma destinada a municipios y comunas.
El Ministerio de Economía dictó la Resolución N° 448/22 por la que se establecen los coeficientes de distribución y el monto correspondiente a cada uno de los municipios y comunas, el que se transferirá en 12 cuotas mensuales y consecutivas. El monto mensual para la totalidad de los gobiernos locales ascenderá a $ 349 millones.
El pasado año el Gobierno Provincial mejoró este régimen de transferencias a los gobiernos locales. Cabe recordar que la operatoria hasta el año 2014 consistía en la transferencia de los fondos recibidos por la Provincia a mes vencido. No obstante, en el año 2015 el Decreto N° 3975 dispuso la no transferencia de dichos fondos, postergando la distribución para el año 2016, efectivizándose la misma en 12 cuotas.
El Gobierno Provincial, una vez atenuados los efectos de la pandemia, tomó la determinación de regularizar esta situación por lo cual durante el segundo semestre del año pasado los gobiernos locales percibieron simultáneamente la cuota mensual correspondiente al año 2020 y 2021.
Consultado sobre el tema, el Ministro de Economía Walter Agosto afirmó que, tal como sucedió el año pasado, esta gestión de gobierno mantiene la determinación de restituir a los Municipios y Comunas lo que les corresponde. Por ello a partir de julio del corriente año se comenzaron a abonar las 12 cuotas mensuales correspondientes al año 2022.
Adicionalmente, los Municipios y Comunas podrán acceder a recursos por un monto $ 1.605 millones para financiar proyectos relacionados con la finalidad educación que giren en torno a estos conceptos: inversión en edificios escolares; acompañamiento y sostenimiento de las trayectorias escolares fragilizadas; proyectos de intervención e inclusión socioeducativa que garanticen el derecho a la educación; asistencia técnica para la formulación de proyectos socioeducativos; fortalecimiento y financiamiento de equipos territoriales educativos y a la promoción y financiamiento de recursos tecnológicos.
Una comisión integrada por funcionarios de tres carteras (Educación, Economía y Gestión Pública) analizará la elegibilidad del proyecto de función de su adecuación a los conceptos autorizados.
