Además, un policía murió en un auto incendiado tras una emboscada durante las manifestaciones en contra el gobierno.
Perú decretó el martes un toque de queda durante tres días en la región de Puno, frontera con Bolivia, donde un policía murió quemado por una turba después de que 17 civiles fallecieran en protestas el día anterior, en los actos más violentos tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.
La región de Puno se puso de duelo hasta jueves por la gran cantidad de muertos en la víspera, elevando a 39 los civiles fallecidos. Sucede tras violentos disturbios iniciados en diciembre en varias localidades del país, principalmente en el sur andino. El Ministerio de Interior confirmó el primer policía muerto durante las protestas, luego del ataque de desconocidos en Puno. Otro policía quedó herido.
El jefe del gabinete de Gobierno informó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo. El mismo declara la inmovilización social obligatoria en Puno “por el plazo de tres días, desde las 20hs. (local) hasta las 4hs”.
Policía murió calcinado en Perú
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno informaron además de 68 civiles y 75 policías heridos. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo.
Raúl Alfaro, comandante general de la policía de Perú, dijo a periodistas que el vehículo policial en la que se trasladaban los dos agentes fue “emboscado” por un grupo grande de personas. Tras ser reducidos, ambos fueron golpeados por la turba, afirmó.
Asimismo, manifestantes prendieron fuego en la víspera a la vivienda del legislador Jorge Flores, representante de Puno por el partido derechista Acción Popular. El congresista denunció en la red social Facebook que él y su familia han sido amenazados.
Investigan a Boluarte
El Ministerio Público de Perú informó el martes que abrió investigación preliminar contra la presidenta Boluarte. Es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” cometidos durante las protestas de diciembre y enero.
Las pesquisas preliminares a cargo de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluye también al primer ministro Otárola, a los ministros de Interior y de Defensa, y a otros dos funcionarios que estuvieron hace poco en el gabinete.
Fuente: NA
