Tras conocerse la noticia de que el jefe del servicio de anatomía patológica del hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela guardó -al menos durante 15 años- 257 fetos en formol, referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario sentaron su posición respecto del tema.
En primer lugar, exigen a las autoridades del Ministerio de Salud de Santa Fe que investigue el accionar del profesional y se apliquen las sanciones correspondientes. Asimismo piden “impulsar las acciones judiciales en forma inmediata para proteger a las pacientes, resguardando su identidad en respeto al derecho a la privacidad para evitar la victimización de las mujeres involucradas”.
“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario entendemos que este hecho -guardar durante 15 años 257 fetos en formol- constituye un nuevo intento de imposición de concepciones y creencias personales del profesional responsable, violatorios de derechos consagrados en la Ley N° 26.529 de derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud: derecho a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad”.
En tanto argumentan que “bajo el pretexto de la objeción de conciencia, el médico jefe de la sección de anatomía patológica, desconociendo los procedimientos habituales, conservó entre 2005 y 2020, fetos en formol provenientes de pacientes que sufrieron abortos espontaneos antes de la semana 20 de gestación, sin ningún tipo de autorización ni consentimiento informado por parte de las pacientes ni de la dirección de la institución, con la pretención a partir de la solicitud de una autorización judicial, que dichos fetos sean ahora enterrados en el cementerio local”.
En este sentido, desde el colectivo consideraron “que el objetivo del proceder del médico absolutamente irregular es reeditar en la agenda pública el debate de la asimilación del feto a la persona humana que los representantes de las organizaciones ‘anti derechos’ llevaron al Congreso de la Nación durante el tratamiento parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, discusión que fue saldada con extensos fundamentos científicos y legales por parte de los más prestigiosos juristas y académicos de nuestro país”.
Por último indican que “resulta de una crueldad inusitada la conducta de un profesional que con la excusa de la objeción de conciencia, impone a las pacientes un proceder que hace revivir a las mujeres y su entorno familiar un suceso que sin lugar a dudas debió ser inesperado y traumático”
