En dicha denuncia se señala que el pasado 4 de agosto aproximadamente a las 22 horas un grupo de manifestantes no identificados pero que serían vecinos autoconvocados en conjunto con un grupo de taxis o remises de la ciudad de San Lorenzo, ocuparon la calzada de la Autopista sobre la estación de peaje impidiendo absolutamente la circulación del tránsito y el respectivo cobro del peaje. Remarcan que junto al grupo de manifestantes se pudo individualizar al intendente de la ciudad, Leonardo Raimundo. La situación se vio prolongada hasta las 14 horas del 5 de agosto (total 16 horas) durante el cual el tránsito debió ser desviado desde el kilómetro 19 y hacia la Ruta Nacional 11.
Cabe mencionar que ante dicha situación, por instrucción del gobernador Omar Perotti, el sábado 5 se hizo presente en el lugar del corte el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, junto a los secretarios de Seguridad, Marcos Romero, y de Justicia, Eduardo Massot. Las autoridades provinciales, luego de dialogar con los vecinos, taxistas y el intendente, acordaron levantar el corte.
Ante esto, el ministro Corach afirmó: “La idea es que la Justicia pueda investigar si se configuró o no un delito a la hora de interrumpir la circulación de la Autopista. Más allá de la afectación económica, lo que significa en términos de seguridad haber interrumpido el libre tránsito de la traza”.
En la denuncia se agrega que además de privar la libre circulación y la ocupación ilegitima de un espacio público, y de perjudicar al erario público, ya que no se pudo brindar el correspondiente servicio al usuario y se vio impedida de percibir con normalidad el correspondiente peaje, lo sucedido puso en peligro de forma concreta y cierta la seguridad y regular la circulación vial, ya que motivó un gran congestionamiento y la necesidad de realizar operativos y maniobras para eludir el corte de sumo riesgo.
Asimismo, el funcionario remarcó que “no es el único lugar en la provincia donde tienen una situación de inseguridad. Los mecanismos institucionales están; nosotros tenemos un gobernador, un ministro de Seguridad y un gobierno que está presente más allá de si uno tiene o no satisfacción con la respuesta que se han dado. No vamos a ser víctimas de extorsión porque los intendentes y presidentes comunales hablan con nosotros”.
“Y el hecho de haber pedido 100 efectivos y 25 móviles policiales como si estuviese en la góndola de un supermercado, no funciona de esa manera. La disposición y el despliegue que ordenó el ministro (de Seguridad) para el departamento significa una reubicación de todos los efectivos de la zona. El intendente quería hacerse cargo de la disposición de los efectivos, de los móviles, y de todo el despliegue dando ordenes a la policía. Por eso remarco que nosotros hablamos con los intendentes y tratamos de darles soluciones”, agregó Corach.
“Me pareció que el intendente estaba más preocupado por una cuestión política que por el hecho y la salud de la víctima. Definitivamente no estamos de acuerdo con ese camino, por eso procedimos a realizar la denuncia ante la justica para que actúe”, concluyó.
