El pasado lunes se inició en los Tribunales santafesinos el juicio a los titulares de la empresa arrocera que tras realizar una construcción en terrenos de su propiedad, y por la creciente de 2019, provocó el colapso de una alcantarilla y el corte total de la Ruta Provincial número uno.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Mariela Jiménez (actualmente jubilada), Laura Urquiza y Barbara Ilera que investigan la causa solicitaron una pena de 5 años de prisión.
El bloque acusatorio también está compuesto por tres querellas: el Estado provincial y dos particulares damnificados.
La defensa de los empresarios está a cargo del estudio del Dr. Néstor Oroño, quien representa a Rubén Carlen. Sebastián Oroño que asiste a Raúl Carlen mientras que Alejandro Otte y Mariana Oroño defienden a Nini.
Los acusados son presidente y vicepresidentes, respectivamente, de la empresa “Los Cerrillos S.A.”, propietaria del terreno ubicado en zona rural de Colonia Teresa, en el departamento San Javier, en el que se los acusa de haber construido desde 2007 terraplenes de más de 6 km. de extensión y de una altura que en algunos tramos supera los 2 metros y medio, para proteger la explotación arrocera, desviando el caudal de un arroyo.
Además se los acusa de hacer “canales de riego y desagüe y un canal de derivación de aproximadamente 3 km. de longitud que desemboca en la cuneta oeste de la propia ruta.
Como consecuencia de las fuertes precipitaciones de principios de 2019, y la crecida de los ríos, el desvío del curso del arroyo provocó que estallara una alcantarilla y consecuentemente colapsara la calzada de la ruta a la altura del km 190, jurisdicción de Colonia Teresa.
Todo lo que se construyó se hizo sin la autorización de los organismos públicos competentes. Con el agravante de que las obras “obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación y generaron la desviación de los caudales de agua hacia el río San Javier”.
Con el agravante de que ante el fenómeno climático, estas construcciones irregulares generaron un “endicamiento” de las aguas al norte de los terraplenes, inundando los campos allí ubicados y como el único drenaje posible era la alcantarilla ubicada debajo de la ruta, el 19 de enero no pudo soportar el caudal de agua y se derrumbó, provocando el colapso de una parte de la cinta asfáltica.
Pero el corte de la ruta no fue la única consecuencia, ya que la situación causó pérdidas millonarias a los productores agropecuarios de campos linderos, daños en una vivienda cercana y también puso en peligro el casco urbano de Colonia Teresa.
La fiscalía hizo hincapié en que la realización de las obras no autorizadas fue “para obtener un rédito económico, al obtener mayor superficie para sembrar”, y que los acusados se aprovecharon de esto durante más de 10 años, ya que si bien la empresa adquirió el campo en 2013 lo alquilaba desde 2007, cuando iniciaron las obras.
Está previsto que luego de la declaración de los testigos, la semana próxima se conozca el veredicto.
