Lo hizo a través de un comunicado donde manifiesta que esto se produjo como consecuencia de las medidas de fuerza del gremio ATILRA desde hace más de 40 días. SanCor acusa al gremio de negarse al diálogo y de atentar contra la libertad de la Cooperativa y de los trabajadores de volver a trabajar.
Los directivos de SanCor denunciaron “presiones indebidas” sobre los empleados que buscan retomar las tareas en lugar de continuar con las asambleas de seis horas promovidas por el gremio. En este contexto, en la firma alertaron sobre una creciente “falta de provisión de productos al mercado” como consecuencia de estas medidas de fuerza que llevan casi un mes y medio. Fuentes de la empresa reconocieron faltantes en quesos untables, crema, manteca y algunos quesos en el mercado.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) dijo que acudirá a la Justicia para denunciar penalmente a la firma por supuesta “evasión fiscal” y por las presuntas deudas laborales pendientes con los trabajadores. También brindó una serie de cifras sobre la deuda de SanCor con sus acreedores que, según había asegurado, llega a US$379,4 millones. El sindicato aduce que la cooperativa “enfrenta pasivos” por US$50,1 millones (laborales) US$139,1 millones (impositivos), US$21,5 millones (comerciales) y US$168,7 millones (financieros). A eso le agregó un monto “sujeto a investigación por evasión fiscal” que no precisó.
Desde SanCor consideraron que [los datos] “carecen de fundamento” y acusaron que son difundidos “con el propósito de generar dudas y confusión, son reflejados en dólares cuando la mayor parte de la deuda asumida es en pesos”. Por otro lado, aclararon que “no hay motivos, como allí se expresa, para una pretendida situación límite que impida a SanCor hacer frente a sus obligaciones”.
Ahora la última novedad en este tire y aloje, que obligó en su momento a derramar leche por no poder procesarla, es la decisión de las autoridades de la láctea de cerrar la planta productora de quesos de la localidad de San Guillermo.
En esa planta se desempeñaban unos 65 trabajadores, que ahora deberán decidir si van a aceptar la propuesta de la empresa de desempeñarse en otras plantas de la firma, lo que significa trasladarse a otras localidades de la provincia de Santa Fe o Córdoba. O acordar una especie de retiro voluntario, con un pago mensual, para el caso de los que están próximos a jubilarse. En éste último caso, Atilra les ofrece la cobertura gremial y en salud hasta la jubilación.
EL COMUNICADO DE SANCOR
SanCor viene enfrentando una situación muy particular y difícil. Desde hace más de 40 días, una medida gremial está paralizando la actividad productiva y comercial.
La excusa esgrimida por el sindicato es la regularización de cuestiones salariales cuando, en realidad, es la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenían ni la capacidad económica, ni de gestión, para un negocio de esta importancia, y en el cual el gremio aspiraba a participar en su dirección.
De manera sistemática, durante todo el proceso de aprobación del Fideicomiso, el sindicato ejerció presión desmedida sobre SanCor, para forzar decisiones y acciones. Así lo hizo en diciembre de 2021, en enero de 2022, de octubre de 2022 a enero de 2023 y en marzo y abril de 2023. En cada una de esas oportunidades, realizó medidas de fuerza bajo la excusa salarial para avanzar sobre las legítimas decisiones de los cooperativistas.
Lo que el sindicato no puede explicar es porqué avalaba el plan de los empresarios interesados, que dejaba de lado a cerca de 1.000 empleados del total de la plantilla laboral de SanCor. La medida recrudeció a partir del vencimiento de todos los plazos acordados por las partes.
Además de que las autoridades sindicales se negaron sistemáticamente a dialogar con las autoridades de SanCor (los pedidos de reunión, formales e informales, fueron varios), impidieron la gestión de los procesos industriales al personal no sindicalizado y fueron limitando de manera progresiva la presencia de productos en el mercado. Entre ellos, uno de los más sensibles por su importancia en la nutrición y por su prevalencia en la elección de los consumidores, las fórmulas infantiles.
El plan del sindicato atenta contra la libertad de la Cooperativa y también de los mismos empleados que manifiestan su voluntad de trabajar. A tal punto llega la desmesura de las acciones emprendidas, que SanCor se vio forzada a desechar 100 mil litros de leche, de derivar materia prima hacia otros destinos industriales, de desabastecer el mercado y, como hecho reciente destacado, de cerrar definitivamente la actividad en la planta ubicada en San Guillermo, por las medidas de fuerza implementadas por ATILRA.
SanCor hizo público y oficializó ante el Ministerio de Trabajo un plan para la regularización salarial.
El sindicato no sólo no consideró la propuesta, que recupera rápidamente las diferencias existentes, sino que comunicó al personal que no había ninguna propuesta. Así y todo, la Cooperativa realizó las acciones de comunicación interna necesarias, reconociendo además, el compromiso de cada uno de los empleados para el sostenimiento y continuidad de la Cooperativa.
La propuesta sigue abierta y a disposición de los empleados; sólo es necesario retomar la actividad para que haya producción, distribución y comercialización de productos.
Hoy, la capacidad de pago de salarios por parte de la empresa se ve limitada, de manera creciente, como consecuencia de las medidas de fuerza gremiales.
Los empleados serán quienes tendrán que evaluar, sin presiones y en total libertad de decisión y acción, si vuelven a trabajar o esperar una solución que desde el sindicato no se exhibe y que no tiene plazos ni capacidad para pagar el sustento de los trabajadores. Lo único que pueden esperar, en caso de no reanudar las actividades, será la cesación de la producción y que ya no haya trabajo.
SanCor no atribuye responsabilidades a los trabajadores. Sabe bien de sus necesidades y de las presiones que reciben.
Nadie debe impedir la libertad de trabajar. Nadie debe presionar a los trabajadores a firmar reclamos o llevar adelante procesos que no quieren hacer.
Existen pretensiones injustificadas sobre la legítima propiedad de la empresa cooperativa y sus bienes, y eso de ninguna manera puede ser aceptado.
Vivimos tiempos de cambios. Y nadie puede forzar a cambiar lo que uno desea, sueña, proyecta y hace en libertad.
