Un preso de la cárcel de Piñero, en la provincia de Santa Fe, creó una aplicación que generó el interés de una empresa estadounidense, pidió prisión domiciliaria para poder desarrollarla y se la quiere mostrar al presidente Javier Milei.
Sus abogados defensores, Alejandro Impallari y Damián Vicente, solicitaron que le otorguen beneficios con el objetivo de finalizar su trabajo y ayudar a la sociedad.
En la presentación, los letrados argumentaron que una compañía de Estados Unidos dedicada a la tecnología y las redes sociales aprobó la aplicación inventada por Ángel Ochoa, quien utilizó un celular obsoleto incautado durante una requisa. Cumple una pena de 13 años (ya estuvo siete años preso) por comprar y vender autos de dudosa procedencia
Además, tiene conocimientos en programación, es desarrollador web y diseñador gráfico.
La empresa le ofreció un precontrato de 900 mil dólares. Impalliari, abogado de Ochoa, señaló: “Por lo que él me comentaba, la función es nuclear absolutamente todos los servicios que podamos necesitar, conseguir los mejores precios cercanos en cuestión de segundos por medio de la inteligencia artificial y tiene un montón más de beneficios. Es superadora a todas las aplicaciones que usamos hoy en día”.
El letrado manifestó que su cliente “tiene un gran manuscrito de más o menos unas 20 hojas con algoritmos matemáticos y de esa forma desarrolló una aplicación que, según él, va a ser de utilidad para toda la humanidad de acá a algunos meses”. Vamos a estar todos usando esa aplicación”, añadió.
A su vez, detalló por qué su representado se encuentra detenido en Piñero: “Está condenado por el robo de un automóvil y tiene varios delitos en investigación por encubrimiento, por supuestamente haber adquirido autos de dudosa procedencia y luego los habría vendido” a personas “que él no conocía porque estaba preso en ese momento”, el cual luego sería usado para cometer un homicidio.
Con respecto al proceso de elaboración de la “app”, Impalliari sostuvo: “Él envió una muestra a la empresa que nuclea estos servicios y le dieron un plazo hasta diciembre para entregar la aplicación terminada. Una vez realizada esa entrega harían el primer desembolso de dinero”, los cuales serían completados en tres partes de 300 mil dólares cada erogación.
El abogado reveló que la empresa ya mostró sus intenciones de “comprar definitivamente la aplicación mediante acciones” en caso de que sea efectiva. Supuestamente, la realización de la aplicación requeriría de la contratación de 50 personas, razón por la cual también es necesaria el dinero.
El recluso ofreció destinar 25.000 dólares del primer desembolso para resarcir a las supuestas víctimas, otros 25.000 dólares a la Policía de la Provincia de Santa Fe para la compra de autos de procedencia dudosa, una suma al Poder Judicial de la provincia por el dispendio jurisdiccional y desgaste en la investigación, 25.000 dólares a sus abogados defensores y 200.000 dólares para las personas empleadas en el proyecto.
Como “frutillita del postre”, el reo le quiere mostrar su proyecto al presidente Javier Milei, contaron sus abogados, quienes confirmaron que será presentado “a la brevedad”.